blogs el mercurio editorial, 15/08/2008
Gran parte de la discusión sobre la educación estatal obedece a que en las últimas tres décadas su matrícula ha caído desde aproximadamente 75 a 45 por ciento. Quienes creen que este fenómeno está ligado al traspaso de las escuelas y liceos estatales a los municipios olvidan que él no es nuevo: entre 1920 y 1960, por ejemplo, la matrícula escolar estatal se redujo de 90 a 60 por ciento. Por tanto, se vincula más bien con la posibilidad que han tenido los padres de elegir el establecimiento al que envían a sus hijos. Y si ello se revirtió en los años siguientes, fue porque se limitaron las posibilidades de elegir y se canalizaron recursos adicionales sólo a escuelas estatales. Pero eso sólo detuvo una tendencia que, en un esquema de financiamiento no discrecional, tenía lugar porque los padres y apoderados preferían enviar a sus hijos a colegios particulares subvencionados.
Esto no significa que la educación estatal está condenada a desaparecer, pues hay muchas familias que la priorizan. Por eso, no es razonable proteger la educación estatal por medio de medidas discriminatorias, ni lo son los llamados a aportar recursos extraordinarios a los establecimientos educacionales municipales. El financiamiento debe ser al estudiante en función de su vulnerabilidad: mientras más elevada sea ésta, mayor debería ser ese financiamiento. La subvención preferencial, en vigencia desde este año, avanza en esa dirección, sin perjuicio de que pueda perfeccionarse en su diseño y en su valor.
Si se acepta esta lógica, es difícil justificar recursos especiales para los establecimientos estatales. Se argumenta que el Estatuto Docente impone costos adicionales a los municipios, pero la principal razón de los déficits de la educación municipalizada es una planta sobredimensionada para su matrícula, pese a que existen mecanismos para ajustarla. Si éstos no son suficientemente operativos, correspondería mejorarlos. Pero, en general, las plantas no se ajustan, para evitar los costos políticos de hacerlo. El país no debería financiar esa falta de decisión, que bien puede ser una razón que justifique buscar para la educación estatal arreglos institucionales distintos de los actuales. Ha trascendido que el Ministerio de Educación estaría evaluando la creación de corporaciones de derecho público para acoger a las escuelas municipales con directivos seleccionados por medio del sistema de Alta Dirección Pública. No es claro, sin embargo, cuál sería la dependencia de estas corporaciones ni qué autoridades asumirían la responsabilidad política por ellas.
Por supuesto, esta constatación no significa que el Estatuto Docente no deba ser reformado, sobre todo por sus negativos efectos sobre la calidad, al premiar excesivamente la estabilidad por sobre el desempeño y al impedir la retención de los mejores profesores, porque, en la práctica, no hay posibilidades efectivas de ajustar sus remuneraciones.
En el debate sobre los problemas de la educación municipal, a menudo se menciona que las capacidades de gestión serían muy débiles en los municipios más pequeños, que son muchos en nuestro país. En realidad, y sin perjuicio de que es razonable facilitar y fomentar la asociatividad de municipios, es inexistente la evidencia de que los desempeños académicos de las escuelas dependen del tamaño de los municipios. En cambio, sí hay alguna evidencia que sugiere que el actual diseño de la subvención puede no ser suficiente para financiar los costos de proveer educación cuando hay muy pocos estudiantes en una comuna, en particular en el área rural. En el debate sobre educación estatal hay demasiados mitos y muchas propuestas que carecen de niveles mínimos de reflexión.
