blogs el mercurio, Tribuna, Sábado 20 de Septiembre de 2008.
ANDRÉS ALLAMAND
ANDRÉS CHADWICK
MARCELA CUBILLOS
GERMÁN BECKER A.
La "revolución pingüina", en mayo de 2006, demostró que la Presidenta Bachelet asumió el poder sin tener una propuesta en materia educacional.
La crisis tomó por sorpresa a la actual administración. Hasta ese momento, los gobiernos de la Concertación intentaban convencer al país de que los resultados educacionales eran cada vez mejores. Sin ir más lejos, pocos meses antes, frente a los paupérrimos avances de la prueba Simce dados a conocer en 2005, la ministra de Educación de la época, Marigen Hornkohl, había declarado que tales resultados tenían al gobierno "contento", ya que "lo estamos logrando", y exhortó a la ciudadanía a "continuar apoyándonos".
La Presidenta Bachelet debió asumir que necesitaba una propuesta. Para tal efecto convocó a un Consejo Asesor, de casi ¡90 miembros!, para que la elaborara. Como era previsible, surgió un informe abundante en ambigüedades y escaso en definiciones.
El Gobierno envió en abril de 2007 un proyecto de Ley General de Educación al Congreso Nacional. Dicho proyecto no abordaba ninguno de los temas de fondo que lastran a la educación chilena, pero sí afectaba gravemente la libertad de enseñanza y pretendía terminar con el emprendimiento privado en materia educacional.
La Alianza presentó en julio de 2007 una propuesta alternativa. Dicho proyecto planteaba, entre otras innovaciones, control eficaz a los sostenedores, agencia de calidad y una completa fórmula de financiamiento para una educación de calidad. El Gobierno, ante el inminente rechazo a su proyecto, invitó a los partidos políticos a buscar un gran acuerdo nacional.
Durante meses, parlamentarios y técnicos del Gobierno y de la Alianza trabajaron hasta concordar un texto de ley. El 13 de noviembre de 2007, los presidentes de todos los partidos políticos y la Presidenta de la República firmaron en La Moneda tal acuerdo. Sin embargo, como el desorden y las críticas al interior de la Concertación empezaron al minuto siguiente al que se firmó, el Gobierno debió suscribir, siete días después, un pacto, esta vez sólo con los partidos de la Concertación. Este acuerdo "interno" consistía, según palabras de la propia Presidenta, en "conformar un equipo de trabajo encabezado por el Ministerio de Educación y los partidos de la Concertación a fin de desarrollar un plan de fortalecimiento de la educación pública". Y la Presidenta agregaba: "Hoy es un gran día para la educación".
Sin embargo, las discrepancias al interior de la Concertación y la falta de cumplimiento a la palabra empeñada de parlamentarios y dirigentes de dicha coalición han entrampado hasta ahora la aprobación de una nueva Ley General de Educación.
En la Cámara de Diputados se aprobó trabajosamente en junio de este año. Horas antes de la votación la Presidenta Bachelet, para asegurar los votos de sus parlamentarios, firmó en La Moneda un segundo "acuerdo interno". Así, Chile vivía "otro gran día para la educación".
Hoy, el proyecto firmado por todos los sectores políticos sigue estancado en el Senado. El presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Navarro (PS), ha anunciado que votará en contra, se eternizan las audiencias públicas y parlamentarios de la Concertación ya han anunciado la presentación de más de un centenar de indicaciones.
Mientras tanto, la calidad de la educación en Chile sigue arrojando malos resultados. Cada Simce es una verdadera bofetada a los padres de familia y a los niños de menos recursos, que ven frustradas sus expectativas de poder acceder a una educación de calidad.
Después de casi 20 años de gobiernos de la Concertación, los resultados en educación siguen malos, estancados y desiguales.
La Concertación no tiene a quién culpar. El tiempo perdido en educación es de su exclusiva responsabilidad. La Alianza ha entendido siempre que la educación es un tema país, y por eso, ante la crisis que la afecta, elaboró una completa propuesta alternativa, participó de una negociación con el Gobierno, firmó un acuerdo y lo ha cumplido.
La Presidenta Bachelet lleva 30 meses en el poder. Veintiocho de esos treinta meses han estado marcados por el debate en torno a qué hacer para mejorar la educación. Y lo más probable es que al término de su mandato, en materia educacional, sólo pueda exhibir infinidad de comisiones, largas discusiones, múltiples acuerdos "firmados" y prácticamente ningún cambio significativo.
