emol, editorial, 18/09/2011, extracto.-
Estas Fiestas Patrias parecen cerrar una etapa que se inició hace algo más de tres meses, con el movimiento estudiantil, y cuya cima fue el cambio de gabinete de julio. ¿Qué lecciones preliminares se extraen de este episodio? Por de pronto, se perdió el foco de la calidad de la educación con que comenzó el movimiento. Chile tenía conciencia hace ya tiempo de una tarea pendiente en cuanto a la calidad de su sistema educacional, aunque desconocía los costos envueltos. El actual debate ha clarificado las cifras y complejidades para abordar esta materia, pero el conflicto se ha desviado hacia la consigna de acabar con el emprendimiento privado y restringir la libertad de enseñanza. La ideologización de los dirigentes universitarios y el oportunismo del gremio de los profesores y de ciertos sectores políticos han distanciado paulatinamente a la clase media, más preocupada del financiamiento de los estudios de sus hijos que del frenesí refundacional.
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18-09-2011
23-11-2010
Reforma educacional bien orientada - editorial | El Mercurio
El Mercurio, editorial, 23/11/2010.-
De manera gradual, el Gobierno ha ido impulsando una ambiciosa reforma en la educación escolar. El Presidente Piñera y su ministro del ramo han dado muestras fehacientes de tener la voluntad de usar su capital político para cambiarle la cara a la educación que reciben los estudiantes de ingresos medios y bajos. Es un área en que el país ha registrado avances importantes, pero los logros académicos de nuestros alumnos están aún lejos de los que obtienen los de naciones como Grecia o Portugal, que son los de ingreso más bajo entre los países desarrollados. Más grave aún, las diferencias de desempeño entre los estudiantes según su origen socioeconómico son muy marcadas, reduciendo la igualdad de oportunidades en Chile.
Para modificar esta situación es clave actuar directamente en las escuelas. Las diferencias de desempeño que se observan entre éstas, aun en casos en que sus alumnos son muy parecidos entre sí, se explica básicamente por las distintas capacidades en los diversos establecimientos y por las barreras que existen en los de educación pública para asegurar una buena gestión. Las reformas anunciadas por el Gobierno apuntan directamente a resolver este problema. Por una parte, proponen una selección mucho más rigurosa de los directores de las escuelas y liceos de gestión pública -creándose un sistema de alta dirección pedagógica- y definen incentivos económicos para hacer más atractivo este cargo, crucial para el logro de una escuela eficaz. Las mayores remuneraciones tendrán como contrapartida el compromiso con desempeños precisos que, de no satisfacerse, podrán significar el fin de la relación contractual. Hoy día, el proceso de selección de los directores de los planteles de gestión pública consagrado en el Estatuto Docente no asegura una elección adecuada, y las labores de esos directivos no tienen como contrapartida exigencias claras.
Por otra parte, los nuevos directores tendrán mayores grados de autonomía para gestionar los establecimientos bajo su responsabilidad. Entre otros aspectos, podrán definir los equipos directivos que los acompañen en su función, situación que en la actualidad no es posible. Además, podrán prescindir de los servicios de hasta el cinco por ciento de los docentes que ejercen funciones en los establecimientos, siempre que éstos, en la evaluación docente, hayan sido calificados en las categorías de 'básico' o 'insatisfactorio'. Pero no sólo hay mayores exigencias para los docentes: también tendrán posibilidades de acceder a mejores remuneraciones si en la sala de clases muestran competencia en sus desempeños.
Estas reformas se complementan con incentivos al retiro para los docentes mayores en edad de jubilación, y con un bono para aquellos profesores ya jubilados que reciban bajas pensiones. Asimismo, estas modificaciones están en línea con las mejores remuneraciones que recibirán los nuevos docentes que muestren las suficientes competencias en exámenes de ingreso a la profesión.
Todos estos anuncios son plenamente coherentes con lo ya informado respecto de incentivos a la elección de la carrera de pedagogía para los jóvenes que demuestren mayores habilidades en las pruebas de admisión a las universidades chilenas. Asimismo, apuntan directamente a elevar la calidad de la enseñanza de gestión pública, pero también obligarán a la educación particular subvencionada a ponerse a la altura. Cabe recordar, además, que en el Congreso se está tramitando el proyecto de ley de aseguramiento, que reúne orientaciones, exigencias y apoyos externos para todos los establecimientos subvencionados del país -otro instrumento complementario para avanzar hacia una educación más equitativa y de mayor calidad-. El Gobierno también está allegando mayores recursos para hacer viables estos cambios.
Es ésta una reforma de envergadura, articulada coherentemente. Por cierto, para aprobarla se requieren grandes acuerdos y voluntad política, y es de esperar que el Congreso se comprometa con estos cambios, porque, más allá de los matices, ellos tienen oportunidades reales de mejorar la calidad y la equidad de la educación chilena.
- Enviado mediante la barra Google"
De manera gradual, el Gobierno ha ido impulsando una ambiciosa reforma en la educación escolar. El Presidente Piñera y su ministro del ramo han dado muestras fehacientes de tener la voluntad de usar su capital político para cambiarle la cara a la educación que reciben los estudiantes de ingresos medios y bajos. Es un área en que el país ha registrado avances importantes, pero los logros académicos de nuestros alumnos están aún lejos de los que obtienen los de naciones como Grecia o Portugal, que son los de ingreso más bajo entre los países desarrollados. Más grave aún, las diferencias de desempeño entre los estudiantes según su origen socioeconómico son muy marcadas, reduciendo la igualdad de oportunidades en Chile.
Para modificar esta situación es clave actuar directamente en las escuelas. Las diferencias de desempeño que se observan entre éstas, aun en casos en que sus alumnos son muy parecidos entre sí, se explica básicamente por las distintas capacidades en los diversos establecimientos y por las barreras que existen en los de educación pública para asegurar una buena gestión. Las reformas anunciadas por el Gobierno apuntan directamente a resolver este problema. Por una parte, proponen una selección mucho más rigurosa de los directores de las escuelas y liceos de gestión pública -creándose un sistema de alta dirección pedagógica- y definen incentivos económicos para hacer más atractivo este cargo, crucial para el logro de una escuela eficaz. Las mayores remuneraciones tendrán como contrapartida el compromiso con desempeños precisos que, de no satisfacerse, podrán significar el fin de la relación contractual. Hoy día, el proceso de selección de los directores de los planteles de gestión pública consagrado en el Estatuto Docente no asegura una elección adecuada, y las labores de esos directivos no tienen como contrapartida exigencias claras.
Por otra parte, los nuevos directores tendrán mayores grados de autonomía para gestionar los establecimientos bajo su responsabilidad. Entre otros aspectos, podrán definir los equipos directivos que los acompañen en su función, situación que en la actualidad no es posible. Además, podrán prescindir de los servicios de hasta el cinco por ciento de los docentes que ejercen funciones en los establecimientos, siempre que éstos, en la evaluación docente, hayan sido calificados en las categorías de 'básico' o 'insatisfactorio'. Pero no sólo hay mayores exigencias para los docentes: también tendrán posibilidades de acceder a mejores remuneraciones si en la sala de clases muestran competencia en sus desempeños.
Estas reformas se complementan con incentivos al retiro para los docentes mayores en edad de jubilación, y con un bono para aquellos profesores ya jubilados que reciban bajas pensiones. Asimismo, estas modificaciones están en línea con las mejores remuneraciones que recibirán los nuevos docentes que muestren las suficientes competencias en exámenes de ingreso a la profesión.
Todos estos anuncios son plenamente coherentes con lo ya informado respecto de incentivos a la elección de la carrera de pedagogía para los jóvenes que demuestren mayores habilidades en las pruebas de admisión a las universidades chilenas. Asimismo, apuntan directamente a elevar la calidad de la enseñanza de gestión pública, pero también obligarán a la educación particular subvencionada a ponerse a la altura. Cabe recordar, además, que en el Congreso se está tramitando el proyecto de ley de aseguramiento, que reúne orientaciones, exigencias y apoyos externos para todos los establecimientos subvencionados del país -otro instrumento complementario para avanzar hacia una educación más equitativa y de mayor calidad-. El Gobierno también está allegando mayores recursos para hacer viables estos cambios.
Es ésta una reforma de envergadura, articulada coherentemente. Por cierto, para aprobarla se requieren grandes acuerdos y voluntad política, y es de esperar que el Congreso se comprometa con estos cambios, porque, más allá de los matices, ellos tienen oportunidades reales de mejorar la calidad y la equidad de la educación chilena.
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13-08-2010
Disminuye la brecha educacional (generacional) - editorial - emol
emol, editorial, 13/08/2010, extracto.-
En la información sobre escolaridad de la población que contiene la más reciente encuesta Casen, quizá lo más notable sea la fuerte reducción en la brecha educacional entre las generaciones mayores y las más jóvenes. Durante gran parte del siglo XX, en Chile se invirtió poco y mal en educación, y las brechas en escolaridad aumentaron, en vez de reducirse, como ocurría en muchos países. Parte de los actuales problemas de calidad deriva de ese error histórico. Sólo en las últimas décadas comenzó un esfuerzo serio para revertirlos, y recién hace poco se ha alcanzado una amplia cobertura en educación media -algo rara vez valorado.
Por cierto, persisten importantes problemas de calidad, y abordarlos requiere altas tasas de cobertura escolar, pero el futuro en este ámbito parece auspicioso: por el aumento en la cobertura escolar, el incremento en la oferta de educación superior y las políticas de financiamiento estudiantil, ha habido en él un crecimiento muy importante.
Sin embargo, desde 2003 se observa cierto estancamiento, que probablemente requiera una revisión de esas políticas. Ellas todavía tienen cierto sesgo que favorece a las universidades del Consejo de Rectores, lo que puede estar dificultando el acceso a la educación superior de jóvenes más vulnerables, pues éstos tienen pocas posibilidades de acceder a esos planteles, que exigen altos puntajes en la PSU. Asimismo, durante la educación media falta mayor información a esos mismos jóvenes respecto de las líneas de financiamiento disponibles para cursar estudios superiores: muchos ven las posibilidades de acceso a esa etapa bastante más difíciles que cuanto realmente lo son.
En la información sobre escolaridad de la población que contiene la más reciente encuesta Casen, quizá lo más notable sea la fuerte reducción en la brecha educacional entre las generaciones mayores y las más jóvenes. Durante gran parte del siglo XX, en Chile se invirtió poco y mal en educación, y las brechas en escolaridad aumentaron, en vez de reducirse, como ocurría en muchos países. Parte de los actuales problemas de calidad deriva de ese error histórico. Sólo en las últimas décadas comenzó un esfuerzo serio para revertirlos, y recién hace poco se ha alcanzado una amplia cobertura en educación media -algo rara vez valorado.
Por cierto, persisten importantes problemas de calidad, y abordarlos requiere altas tasas de cobertura escolar, pero el futuro en este ámbito parece auspicioso: por el aumento en la cobertura escolar, el incremento en la oferta de educación superior y las políticas de financiamiento estudiantil, ha habido en él un crecimiento muy importante.
Sin embargo, desde 2003 se observa cierto estancamiento, que probablemente requiera una revisión de esas políticas. Ellas todavía tienen cierto sesgo que favorece a las universidades del Consejo de Rectores, lo que puede estar dificultando el acceso a la educación superior de jóvenes más vulnerables, pues éstos tienen pocas posibilidades de acceder a esos planteles, que exigen altos puntajes en la PSU. Asimismo, durante la educación media falta mayor información a esos mismos jóvenes respecto de las líneas de financiamiento disponibles para cursar estudios superiores: muchos ven las posibilidades de acceso a esa etapa bastante más difíciles que cuanto realmente lo son.
09-02-2010
Sigue retrocediendo la educación estatal - editorial | El Mercurio
El Mercurio, 09/02/2010, extracto.-
"En las últimas sesiones legislativas de enero se aprobó en la comisión de Educación del Senado la idea de legislar sobre el proyecto de fortalecimiento de la educación pública. Éste estuvo en la Cámara de Diputados durante más de un año, a la que fue ingresado en diciembre de 2008, sin mostrar avances. Hay buenas razones para ello, pues a muchos respectos es un proyecto deficiente. Sin embargo, las urgencias electorales, en particular el interés del actual oficialismo de obtener el apoyo de Enríquez-Ominami para su candidato, llevaron a reactivarlo y cambiarlo de cámara. El nuevo gobierno deberá poner atención en este proyecto y, dado que no parece satisfacer a ningún sector, probablemente proceda a enviar una indicación sustitutiva."
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"En las últimas sesiones legislativas de enero se aprobó en la comisión de Educación del Senado la idea de legislar sobre el proyecto de fortalecimiento de la educación pública. Éste estuvo en la Cámara de Diputados durante más de un año, a la que fue ingresado en diciembre de 2008, sin mostrar avances. Hay buenas razones para ello, pues a muchos respectos es un proyecto deficiente. Sin embargo, las urgencias electorales, en particular el interés del actual oficialismo de obtener el apoyo de Enríquez-Ominami para su candidato, llevaron a reactivarlo y cambiarlo de cámara. El nuevo gobierno deberá poner atención en este proyecto y, dado que no parece satisfacer a ningún sector, probablemente proceda a enviar una indicación sustitutiva."
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22-08-2009
Economía y Educación
emol, 22/08/2009 editorial
Por ejemplo, somos el país cuyos estudiantes secundarios tienen más horas de clases entre los países que han participado en la prueba PISA (sigla inglesa del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, de la OCDE). Eso es fruto de la jornada escolar completa, cuya implementación suma hasta ahora casi cinco mil millones de dólares, y que representa un gasto operacional adicional del orden de 700 millones de dólares. Hasta ahora, ninguna evidencia sugiere que esta inversión haya rendido frutos en el aprendizaje de nuestros estudiantes o en alguna otra dimensión educativa relevante.
Hay muchas razones para ello, pero una central es que los establecimientos educacionales chilenos no están estimulados o presionados a elevar sus desempeños. La posibilidad de elección de colegios que existe en el país ha incidido en esto, y nuestro buen desempeño relativo en el contexto latinoamericano en las pruebas PISA parece descansar, en parte, en esta herramienta. Pero esa política no es suficiente por diversas razones, entre las que destaca que en algunas zonas las posibilidades de elección no siempre son significativas. Parece razonable, pues, complementar esta iniciativa con exigencias más formales. La reciente promulgación de la Ley General de Educación (LGE) es un avance a este respecto. Entre otras muchas reformas, ella dispone la definición de estándares de aprendizaje de los estudiantes -elaborados por el ministerio y aprobados por el nuevo Consejo Nacional de Educación- que deberán ser satisfechos por todos los establecimientos de nuestro país.
Seguir leyendo...
Además, la LGE crea una agencia (normada por otra ley específica, cuyo proyecto aún se discute en el Congreso) para velar por el cumplimiento de dichos estándares. Esta entidad también realizará visitas inspectivas a los establecimientos y emitirá un informe con recomendaciones que, si bien no son obligatorias, invitará a los colegios a estudiar las iniciativas más apropiadas para mejorar sus desempeños. Si tras un período razonable ellos no alcanzan los niveles definidos, no podrán recibir la subvención escolar. Hay, pues, una presión para que todos los planteles se orienten efectivamente a mejorar los aprendizajes de sus estudiantes.
Esta legislación implica un bienvenido cambio de enfoque en educación, propiciando un Estado más orientado al control de desempeños y que entregue a las escuelas y sus equipos directivos y pedagógicos las decisiones sobre las estrategias más adecuadas para alcanzarlos.
Por cierto, esta reforma requiere de otras para aumentar sus posibilidades de éxito. Desde luego, es indispensable que los colegios tengan la suficiente flexibilidad para adaptarse a las exigencias a que se los someterá, y que el país, por medio de políticas adecuadas, se asegure de que los sostenedores puedan acceder a buenos directores, a docentes motivados y bien preparados, y a materiales educativos -incluidos los digitales- de calidad. En estos planos se necesitan reformas complementarias a las que se promulgaron esta semana.
No hay más tiempo
Un buen sistema escolar es clave para un crecimiento de largo plazo robusto, no sólo por los efectos directos que ejerce en la productividad de los trabajadores, sino también porque influye, entre otros, en las tecnologías que se pueden incorporar a los procesos productivos y en la innovación que se produce en el país. No es casual que ésta tenga lugar con más intensidad en países con buenos sistemas educativos.
Pero, más allá de esto, los próximos meses y años estarán marcados por la crisis que comenzó a vivirse en 2008. Diversos antecedentes sugieren que parece haberse tocado fondo y ahora comienza una fase de recuperación. Los ajustes observados en las bolsas mundiales en la semana que acaba de pasar hacen pensar que esa recuperación pudiere no ser rápida. Hay buenas razones para esperar esta trayectoria: los relativamente buenos augurios para las economías emergentes, en particular India y China, no son suficientes para tirar el carro del crecimiento mundial.
A este respecto, sigue siendo crucial el desempeño de Estados Unidos, pero los consumidores de este país aún están cautelosos: han visto reducido su nivel de riqueza en grado significativo; los niveles de desempleo siguen altos, y si bien ha mejorado el acceso al crédito, es inferior al de años anteriores; los salarios reales también han experimentado retrocesos. En estas condiciones, es difícil que ellos se conviertan en actores del proceso de recuperación. Como su importancia en la marcha económica es central, no se ve cómo podría EE.UU. comenzar a crecer rápido en el horizonte cercano.
Algo similar ocurre con Europa y Japón, los otros dos actores relevantes, donde el desempleo sigue al alza. Además, las coberturas de los seguros de cesantía comienzan a languidecer. También ahí, los consumidores son actores importantes en la velocidad de recuperación.
Todo lo anterior hace suponer que el volumen de intercambio comercial seguirá flojo y, por tanto, el impulso de la demanda externa para una economía como la nuestra seguirá siendo modesto. Así, las perspectivas son positivas, pero circunscritas. Chile no tiene más tiempo que perder para actuar resueltamente en su débil flanco educacional.
Por ejemplo, somos el país cuyos estudiantes secundarios tienen más horas de clases entre los países que han participado en la prueba PISA (sigla inglesa del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, de la OCDE). Eso es fruto de la jornada escolar completa, cuya implementación suma hasta ahora casi cinco mil millones de dólares, y que representa un gasto operacional adicional del orden de 700 millones de dólares. Hasta ahora, ninguna evidencia sugiere que esta inversión haya rendido frutos en el aprendizaje de nuestros estudiantes o en alguna otra dimensión educativa relevante.
Hay muchas razones para ello, pero una central es que los establecimientos educacionales chilenos no están estimulados o presionados a elevar sus desempeños. La posibilidad de elección de colegios que existe en el país ha incidido en esto, y nuestro buen desempeño relativo en el contexto latinoamericano en las pruebas PISA parece descansar, en parte, en esta herramienta. Pero esa política no es suficiente por diversas razones, entre las que destaca que en algunas zonas las posibilidades de elección no siempre son significativas. Parece razonable, pues, complementar esta iniciativa con exigencias más formales. La reciente promulgación de la Ley General de Educación (LGE) es un avance a este respecto. Entre otras muchas reformas, ella dispone la definición de estándares de aprendizaje de los estudiantes -elaborados por el ministerio y aprobados por el nuevo Consejo Nacional de Educación- que deberán ser satisfechos por todos los establecimientos de nuestro país.
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Además, la LGE crea una agencia (normada por otra ley específica, cuyo proyecto aún se discute en el Congreso) para velar por el cumplimiento de dichos estándares. Esta entidad también realizará visitas inspectivas a los establecimientos y emitirá un informe con recomendaciones que, si bien no son obligatorias, invitará a los colegios a estudiar las iniciativas más apropiadas para mejorar sus desempeños. Si tras un período razonable ellos no alcanzan los niveles definidos, no podrán recibir la subvención escolar. Hay, pues, una presión para que todos los planteles se orienten efectivamente a mejorar los aprendizajes de sus estudiantes.
Esta legislación implica un bienvenido cambio de enfoque en educación, propiciando un Estado más orientado al control de desempeños y que entregue a las escuelas y sus equipos directivos y pedagógicos las decisiones sobre las estrategias más adecuadas para alcanzarlos.
Por cierto, esta reforma requiere de otras para aumentar sus posibilidades de éxito. Desde luego, es indispensable que los colegios tengan la suficiente flexibilidad para adaptarse a las exigencias a que se los someterá, y que el país, por medio de políticas adecuadas, se asegure de que los sostenedores puedan acceder a buenos directores, a docentes motivados y bien preparados, y a materiales educativos -incluidos los digitales- de calidad. En estos planos se necesitan reformas complementarias a las que se promulgaron esta semana.
No hay más tiempo
Un buen sistema escolar es clave para un crecimiento de largo plazo robusto, no sólo por los efectos directos que ejerce en la productividad de los trabajadores, sino también porque influye, entre otros, en las tecnologías que se pueden incorporar a los procesos productivos y en la innovación que se produce en el país. No es casual que ésta tenga lugar con más intensidad en países con buenos sistemas educativos.
Pero, más allá de esto, los próximos meses y años estarán marcados por la crisis que comenzó a vivirse en 2008. Diversos antecedentes sugieren que parece haberse tocado fondo y ahora comienza una fase de recuperación. Los ajustes observados en las bolsas mundiales en la semana que acaba de pasar hacen pensar que esa recuperación pudiere no ser rápida. Hay buenas razones para esperar esta trayectoria: los relativamente buenos augurios para las economías emergentes, en particular India y China, no son suficientes para tirar el carro del crecimiento mundial.
A este respecto, sigue siendo crucial el desempeño de Estados Unidos, pero los consumidores de este país aún están cautelosos: han visto reducido su nivel de riqueza en grado significativo; los niveles de desempleo siguen altos, y si bien ha mejorado el acceso al crédito, es inferior al de años anteriores; los salarios reales también han experimentado retrocesos. En estas condiciones, es difícil que ellos se conviertan en actores del proceso de recuperación. Como su importancia en la marcha económica es central, no se ve cómo podría EE.UU. comenzar a crecer rápido en el horizonte cercano.
Algo similar ocurre con Europa y Japón, los otros dos actores relevantes, donde el desempleo sigue al alza. Además, las coberturas de los seguros de cesantía comienzan a languidecer. También ahí, los consumidores son actores importantes en la velocidad de recuperación.
Todo lo anterior hace suponer que el volumen de intercambio comercial seguirá flojo y, por tanto, el impulso de la demanda externa para una economía como la nuestra seguirá siendo modesto. Así, las perspectivas son positivas, pero circunscritas. Chile no tiene más tiempo que perder para actuar resueltamente en su débil flanco educacional.
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04-03-2009
Urgencia de avanzar en educación - Editorial - emol
emol, 04/03/2009
Es positivo que el Gobierno esté asignando máxima prioridad a la aprobación de la nueva Ley General de Educación (LGE), lo que ojalá ocurra durante este mes. Chile está aún lejos de ser un país desarrollado, los esfuerzos requeridos para alcanzar ese estado son diversos y enormes, y pocos factores pueden contribuir tanto a lograrlo como una educación de calidad, que es una fuente irreemplazable de progreso, oportunidades y competitividad. Históricamente, el país ha invertido poco y mal en educación, a resultas de lo cual casi la mitad de nuestra fuerza de trabajo no ha completado la educación secundaria, y sólo 20 por ciento de nuestra población adulta tiene competencias lectoras aceptables para integrarse al mundo globalizado. En las últimas décadas, diversas reformas y aumentos de recursos han permitido importantes avances -por ejemplo, la cobertura en educación escolar es casi completa y en educación superior se acerca al 40 por ciento-, pero persisten grandes problemas. Los aprendizajes y destrezas que adquieren las nuevas generaciones siguen siendo insuficientes para desenvolverse en el mundo actual, y persisten grandes brechas de desempeño según el origen socioeconómico de los educandos.
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Ocurre así porque educación es un ámbito en el que hay posiciones encontradas respecto del contenido específico que deben tener las reformas, pero aún más por posturas maximalistas de origen ideológico, que a veces reflejan también intereses sectoriales antes que generales. Eso explica las dificultades que ha tenido el proyecto de LGE para su aprobación en el Congreso, a pesar de que en su origen hubo amplio acuerdo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. La Alianza ha mantenido su compromiso con dicho acuerdo, pero al oficialismo le ha resultado enormemente complejo lograr la concurrencia de sus parlamentarios, a pesar de que expertos de todos los sectores han manifestado que el proyecto es un avance. Por supuesto, hay voces expertas que plantean reparos, como ocurre con toda legislación, pero ellas no parecen ser suficientes para retrasar su aprobación, sobre todo porque es un proyecto valioso, que avanza en el desarrollo de un sistema educativo más eficiente, algo apremiantemente impostergable para la marcha del país. La aprobación de este proyecto será, asimismo, un verdadero test para el Ejecutivo respecto de su capacidad de enfrentar a los grupos de presión y asegurar gobernabilidad en su último año de gestión.
Lograr un sistema educativo de calidad supone nuevas reformas que, entre otros aspectos, alineen los incentivos de todos los actores educativos con los aprendizajes de los niños y jóvenes que asisten a los distintos establecimientos del país; que atraigan a jóvenes talentosos y con vocación a esta profesión y les aseguren una formación adecuada; que brinden apoyo eficaz a los directivos y maestros de aula; que premien el liderazgo directivo; que consagren la autonomía de las escuelas; que alleguen recursos adicionales para educación y, en general, creen una cultura de alta exigencia y apoyo al proceso educacional. A estas transformaciones hay que agregar el desarrollo de una política de educación superior -actualmente dispersa e incoherente en algunos de sus aspectos-, responsabilidad que también le compete al Ministerio de Educación. A falta de aquélla y de definiciones precisas, se levantan los intereses de diversos actores, como las universidades estatales, que aspiran a mayor financiamiento, aunque no es indiscutible que tal demanda esté en el mejor interés del país.
Pese a todo lo anterior, las reformas requeridas no avanzan con la urgencia que necesitan, ni se trabaja en delinear un horizonte hacia el que Chile deba evolucionar en su educación escolar y superior.
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