Educación: cuando el pragmatismo se impone La Segunda, Editorial, Miércoles 18 de Marzo de 2009
Una inesperadamente larga y a veces hasta farragosa discusión legislativa; violentos movimientos estudiantiles, sumados a la radical oposición del Colegio de Profesores (que acaba de llamar a un nuevo paro); abundancia de consignas y episodios de rebeldía parlamentaria frente a un acuerdo que había comprometido al Gobierno y a los principales líderes de los partidos... La historia recorrida por el proyecto de Ley General de Educación que ayer despachó el Senado (y que ahora enfrenta su tercer trámite constitucional, en la Cámara) ha terminado atemperando cualquier entusiasmo político excesivo. A estas alturas, por otra parte, ya es claro que el anhelado mejoramiento de la calidad de la enseñanza que se persigue pasa por una diversidad de materias que van bastante más allá de esta iniciativa.
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Educación: cuando el pragmatismo se impone La Segunda, Editorial, Miércoles 18 de Marzo de 2009
Una inesperadamente larga y a veces hasta farragosa discusión legislativa; violentos movimientos estudiantiles, sumados a la radical oposición del Colegio de Profesores (que acaba de llamar a un nuevo paro); abundancia de consignas y episodios de rebeldía parlamentaria frente a un acuerdo que había comprometido al Gobierno y a los principales líderes de los partidos... La historia recorrida por el proyecto de Ley General de Educación que ayer despachó el Senado (y que ahora enfrenta su tercer trámite constitucional, en la Cámara) ha terminado atemperando cualquier entusiasmo político excesivo. A estas alturas, por otra parte, ya es claro que el anhelado mejoramiento de la calidad de la enseñanza que se persigue pasa por una diversidad de materias que van bastante más allá de esta iniciativa.
Recientes estudios, por ejemplo, confirman el rol crucial de los profesores en el logro de resultados educativos y en la superación de las carencias determinadas por el origen socioeconómico de los alumnos: contrario a determinismos, un buen maestro puede «hacer la diferencia», señalan investigaciones como la de «valor agregado» realizada en 2008 por la Facultad de Ingeniería de la UC entre 11 mil estudiantes de la Región Metropolitana. Desde otra perspectiva, existe un consenso amplio en cuanto a que la actual subvención estatal es completamente insuficiente para sustentar una enseñanza de calidad. La LGE, sin embargo, dejó fuera de sus disposiciones tanto el financiamiento del sistema como una revisión de la actual carrera docente y su estructura de incentivos, incluido el cuestionado estatuto que la regula; no hubo acuerdo político respecto de estos puntos. Tampoco parece haberlo hasta ahora sobre la propia organización del sistema educativo directamente provisto por el Estado: la llamada «ley de educación pública» propuesta por el Gobierno sólo ha servido para resucitar antiguas discusiones ideológicas.
Pese a todo ello, sería sin embargo tan erróneo como injusto desconocer que la LGE —sin ser una panacea— sí implica avances importantes. El proyecto, resguardando principios como la libertad de enseñanza y la autonomía de los colegios, consagra una nueva institucionalidad, moderna y razonable, orientada a promover la calidad y a exigir resultados a los establecimientos. También plantea nuevos ciclos de seis años para la educación básica y seis para la media, innovación aplaudida por expertos y que debiera significar que los estudiantes a una más temprana edad reciban la formación de profesores especializados en las respectivas materias. Además, incluye puntos atractivos, como la creación de un banco de planes y programas, en la idea de promover una cierta diversidad que hoy, dada la incapacidad de muchos planteles para elaborar los propios, es muy limitada.
Lamentable es que durante la discusión en el Senado se haya terminado rechazando otra innovación: la disposición que facilitaba el que profesionales de otras carreras pudieran ejercer como profesores de enseñanza media en áreas afines a sus campos. Se trata de una medida aplicada con éxito en otros países y donde la propia experiencia chilena en liceos técnicos o comerciales (con ejemplos notables, como algunos destacados por la prensa este verano) muestra que existe la posibilidad de un aporte a la enseñanza que no cabe desechar simplemente por defender los intereses de un gremio.
Con todo, es de celebrar que (y pese a los malos augurios que había suscitado la conflictiva primera discusión del proyecto en la Cámara y la insólita presentación de cientos de indicaciones por parte de algunos senadores) haya terminado primando en el Senado (y en particular en su Comisión de Educación) un espíritu de pragmático entendimiento que facilitó el despacho de ayer y que, de continuar proyectándose, debiera ayudar a afrontar los muchos puntos que siguen pendientes.
Una inesperadamente larga y a veces hasta farragosa discusión legislativa; violentos movimientos estudiantiles, sumados a la radical oposición del Colegio de Profesores (que acaba de llamar a un nuevo paro); abundancia de consignas y episodios de rebeldía parlamentaria frente a un acuerdo que había comprometido al Gobierno y a los principales líderes de los partidos... La historia recorrida por el proyecto de Ley General de Educación que ayer despachó el Senado (y que ahora enfrenta su tercer trámite constitucional, en la Cámara) ha terminado atemperando cualquier entusiasmo político excesivo. A estas alturas, por otra parte, ya es claro que el anhelado mejoramiento de la calidad de la enseñanza que se persigue pasa por una diversidad de materias que van bastante más allá de esta iniciativa.
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Educación: cuando el pragmatismo se impone La Segunda, Editorial, Miércoles 18 de Marzo de 2009
Una inesperadamente larga y a veces hasta farragosa discusión legislativa; violentos movimientos estudiantiles, sumados a la radical oposición del Colegio de Profesores (que acaba de llamar a un nuevo paro); abundancia de consignas y episodios de rebeldía parlamentaria frente a un acuerdo que había comprometido al Gobierno y a los principales líderes de los partidos... La historia recorrida por el proyecto de Ley General de Educación que ayer despachó el Senado (y que ahora enfrenta su tercer trámite constitucional, en la Cámara) ha terminado atemperando cualquier entusiasmo político excesivo. A estas alturas, por otra parte, ya es claro que el anhelado mejoramiento de la calidad de la enseñanza que se persigue pasa por una diversidad de materias que van bastante más allá de esta iniciativa.
Recientes estudios, por ejemplo, confirman el rol crucial de los profesores en el logro de resultados educativos y en la superación de las carencias determinadas por el origen socioeconómico de los alumnos: contrario a determinismos, un buen maestro puede «hacer la diferencia», señalan investigaciones como la de «valor agregado» realizada en 2008 por la Facultad de Ingeniería de la UC entre 11 mil estudiantes de la Región Metropolitana. Desde otra perspectiva, existe un consenso amplio en cuanto a que la actual subvención estatal es completamente insuficiente para sustentar una enseñanza de calidad. La LGE, sin embargo, dejó fuera de sus disposiciones tanto el financiamiento del sistema como una revisión de la actual carrera docente y su estructura de incentivos, incluido el cuestionado estatuto que la regula; no hubo acuerdo político respecto de estos puntos. Tampoco parece haberlo hasta ahora sobre la propia organización del sistema educativo directamente provisto por el Estado: la llamada «ley de educación pública» propuesta por el Gobierno sólo ha servido para resucitar antiguas discusiones ideológicas.
Pese a todo ello, sería sin embargo tan erróneo como injusto desconocer que la LGE —sin ser una panacea— sí implica avances importantes. El proyecto, resguardando principios como la libertad de enseñanza y la autonomía de los colegios, consagra una nueva institucionalidad, moderna y razonable, orientada a promover la calidad y a exigir resultados a los establecimientos. También plantea nuevos ciclos de seis años para la educación básica y seis para la media, innovación aplaudida por expertos y que debiera significar que los estudiantes a una más temprana edad reciban la formación de profesores especializados en las respectivas materias. Además, incluye puntos atractivos, como la creación de un banco de planes y programas, en la idea de promover una cierta diversidad que hoy, dada la incapacidad de muchos planteles para elaborar los propios, es muy limitada.
Lamentable es que durante la discusión en el Senado se haya terminado rechazando otra innovación: la disposición que facilitaba el que profesionales de otras carreras pudieran ejercer como profesores de enseñanza media en áreas afines a sus campos. Se trata de una medida aplicada con éxito en otros países y donde la propia experiencia chilena en liceos técnicos o comerciales (con ejemplos notables, como algunos destacados por la prensa este verano) muestra que existe la posibilidad de un aporte a la enseñanza que no cabe desechar simplemente por defender los intereses de un gremio.
Con todo, es de celebrar que (y pese a los malos augurios que había suscitado la conflictiva primera discusión del proyecto en la Cámara y la insólita presentación de cientos de indicaciones por parte de algunos senadores) haya terminado primando en el Senado (y en particular en su Comisión de Educación) un espíritu de pragmático entendimiento que facilitó el despacho de ayer y que, de continuar proyectándose, debiera ayudar a afrontar los muchos puntos que siguen pendientes.
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