[Posible acuerdo en educación, blogs EL Mercurio Editorial, 10/11/2007]
"Un acuerdo importante en educación han alcanzado el Gobierno y la oposición, pero hasta ahora no se sabe si La Moneda logrará el apoyo de los partidos de la Concertación y de sus parlamentarios -subsisten riesgos de rechazo en la DC ("puede darse cualquier situación", resumió una de sus personeras) y en el PRSD-. Algunas reuniones de los ministros Viera-Gallo y Provoste con los partidos han sido tensas, y el acuerdo aún no tiene un respaldo decidido, como sí ocurre en la Alianza.
Para aprobar el proyecto se plantea como requisito, entre otros, la "desmunicipalización", pero se olvida que lo que se discute es la ley general y el sistema de aseguramiento de la calidad. Esto puede debatirse en su propio mérito, si bien en la mayoría de los países son los gobiernos locales los responsables de la educación. A este respecto, lo que causa mayor rechazo es que el acuerdo mantiene las opciones de emprendimiento privado con fines de lucro. Poco acento se pone en que esa autorización se da en un contexto muy distinto del actual: hasta ahora, la ley permite que personas naturales o jurídicas sin giro único puedan proveer educación. Estas posibilidades se excluyen del acuerdo, y se introduce una fiscalización que, entre otros aspectos, considera la elaboración de una FECU simplificada, que será supervisada por una superintendencia especializada.
Además, se establece una agencia pública altamente profesionalizada, a cargo de un directorio integrado por expertos de alto nivel, que velará por que los establecimientos cumplan los estándares de aprendizaje que elabore el ministerio, previa aprobación del Consejo Nacional de Educación. Esta agencia formulará recomendaciones no obligatorias para los establecimientos, en el entendido de que su objetivo principal es crear una cultura de calidad en los establecimientos. Respecto de aquellos que, tras un período razonable y dado un apoyo que ellos mismos han elegido, no cumplan los estándares de aprendizaje, esta agencia recomendará que se le revoque la posibilidad de proveer educación con recursos públicos. Es un esquema que parece combinar de manera relativamente adecuada la libertad y autonomía de los establecimientos con el control de resultados.
En este cuadro, oponerse al lucro no tiene mayor sentido, pues si esos establecimientos no satisfacen los estándares de aprendizaje, no podrán proveer educación. Por cierto, muchos de ellos lo hacen bien no sólo en Chile, sino también en otros países. Por tanto, negarles la posibilidad de demostrar sus capacidades es, en realidad, cerrar un poco más la puerta a una educación de calidad.
El Gobierno y la oposición han alcanzado un acuerdo importante en educación.
Interesa al país que él prospere. " [El Mercurio]
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