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28-06-2007

¿No estábamos de acuerdo en resguardar el derecho a la educación? por Jesús Redondo y Rodrigo Cornejo.

Un post de Arturo Durán.

Se trata de un agudo análisis comentado de Jesús Redondo y Rodrigo Cornejo. Quisiera aprovechar la ocasión para reaccionar confesando la profunda intranquilidad que me causa ver las sanciones a las que autoridades tales gobierno, gobiernos locales y directores de establecimientos someten a los jóvenes dirigentes secundarios.

Se observa un estilo - inusual en el mundo democrático occidental - formado por una asociación - casi ideológica - de espíritus sancionadores que hacen política en el área gris de las represiones - y en estos meses se ha dedicado a perseguir a dirigentes estudiantiles - imagino con el fin de restablecer el Orden.

Yo mismo tenía en mente un título más drástico cuando se me hizo evidente que las autoridades estaban desarticulando toda iniciativa de protesta. Inhibir o desarticular un movimiento estudiantil de protesta - tarea en la que se empeña actualmente un gobierno algo obsesivo por el orden - configuran medidas que producen dudas acerca de la calidad de la política.

Una represión solapada muy poco digna y muy alejada de las expectativas y esperanzas que la presidenta Michelle Bachelet había abierto de traer un espíritu joven al gobierno.

Yo había pensado, frente a esto y en mi fuero interno, otro título: Santiago no es Caracas.

[Extracto]
"La semana comenzó con la expulsión de siete estudiantes del Liceo Amunátegui y la “extrema condicionalidad” para 8 niños y niñas más que participaron en las movilizaciones estudiantiles iniciadas hace algunas semanas. Expulsiones que surgen como consecuencia de las recientes tomas de establecimientos, que exigen el fin a la municipalización, al sistema de subvenciones y al lucro en educación. Se trata de temas ya consensuados entre los expertos y que no han sido implementados eficientemente por el Gobierno.

La respuesta ante la movilización social ha sido drástica e inapelable: violentos desalojos en todos los establecimientos, reacción que evidencia una política de “desalojocracia” que proscribe el derecho de los jóvenes a manifestarse y movilizarse por lo que ellos crean pertinente.

La prensa ha mantenido silencio ante la autoritaria reacción del Gobierno y los municipios...

Tenemos a más de 200 estudiantes afectados por expulsiones, cancelación de matrículas o amedrentamientos y hay muchos más que quedan en el anonimato. Los jóvenes que se movilizan por sus derechos no pueden ser “criminalizados”. Eso no lo resiste ningún sistema que se precie de democrático. Hoy se requiere de una solución urgente a esta situación de vulneración de derechos. "
[ ¿No estábamos de acuerdo en resguardar el derecho a la educación?, por Jesús Rodondo y Rodrigo Cornejo, Observatorio de Políticas Educativas, Universidad de Chile |El Mostrador, 28/6/2007]

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27-06-2007

Colegio de Profesores rechaza expulsiones en el Liceo Amunátegui.

[Extracto]"
El presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, solidarizó con los 15 alumnos del Liceo Miguel Luis Amunátegui que fueron expulsados del establecimiento el pasado lunes 18 de junio tras participar en las movilizaciones estudiantiles.

A juicio del dirigente, "la medida adoptada por la dirección del colegio es una mala forma de resolver una demanda que no es sólo de los estudiantes de este plantel, sino de vastos sectores de la sociedad chilena".

Considerando las drásticas medidas adoptadas en contra de los jóvenes, el martes presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, cuyo propósito es que los siete alumnos expulsados y los nueve suspendidos puedan reintegrarse a clases.

De acuerdo a Ivo Silva, ex presidente del centro de alumnos del Liceo Amunátegui, "fuimos humillados por las autoridades de nuestro establecimiento. Nos tomaron de un brazo y nos sacaron de la sala en medio de una prueba, sin poder hacer ni decir algo"."[Colegio de Profesores rechazó expulsiones en el Liceo Amunátegui, La Tercera, 27/6/2007]

21-10-2006

La autoridad y la protesta de los secundarios.


La semana mostró a momentos una cierta complicidad - en defensa del orden y del status quo - entre las actuaciones y declaraciones de las autoridades de gobierno y alcaldes de derecha frente a la protesta secundaria . A momentos resultaba difícil distinguirlos, una nueva unión de la autoridad metropolitana, la autoridad educacional, a los alcaldes castigadores y a los directores/as y a las divisiones anti-motines. Un tic autoritario que no fue controlado a tiempo y que ocupó inesperadamente el escenario - en ausencia de la Presidenta.

300 detenidos en una jornada de tomas de Líceo y manifestaciones es nuevamente una cifra extrema. No es normal. Da a pensar que se está frente a un sistema de mensajes - en el que los detenidos son el mensaje del Estado frente a una situación en que sus políticas educacionales son cuestionadas.

La ausencia de la Presidenta Bachelet despojó sin embargo a dichos gestos autoritarios del aura del poder y las respuestas no se han hecho esperar.

Afortunadamante, algunos parlamentarios concertacionistas y apoderados salieron en defensa de los jóvenes sancionados.

La semántica de las declaraciones dan cuenta de la reacción a las sanciones y expulsiones de alumnos: podermos encontrar algunas nociones conocidas pero inesperadas para el actual contexto (pues contrastan con el espíritu original de la presidencia) que hablan de persecución política y represión, represalias, politicas de terror en el colegio . ¿Está esto sucediendo a jóvenes secundarios?

Y la declaración de un apoderado, a propósito de la actuación de la dirección del Liceo de Niñas nº 1:

"Si ayer se exilió, se torturó y se tomó prisioneros a quienes pensaban diferente, hoy se les desaloja, se les detiene y se les expulsa de sus colegios, eso en democracia no puede suceder y nosotros no vamos a permitir que suceda" (El Mostrador, Viernes 20/10/2006).


Luego, en las noticias de la TV, se ve a dirigentes de DDHH, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, haciendose parte - o acompañando - la presentación de en una querella en defensa de los alumnos.

Y la declaración de paro indefinido de las alumnas del Liceo de Niñas nº 1.

Se observa la disminución - no sólo de la convocatoria del movimiento secundario sino también de la calidad de las respuestas gubernamentales para avanzar políticas educacionales acordes al desafío planteado. Entretanto los secundarios se han dirigido al Parlamento en búsqueda de apoyo institucional para sus reivindicaciones.

Mas allá de la coyuntura particular de la semana es inquietante observar que nuestra modalidad de crecimiento y desarrollo, de predominancia económicista, produce un marcado deterioro de funciones del Estado como es el caso de la educación pública. Inadvertido por las élites gubernamentales concertacionistas, el sistema de educación pública ha sufrido un deterioro extraordinario que se manifiesta en las protestas de los jóvenes. La dificultad que encuentra el gobierno para mostrar avances e iniciativas innovadoras que entusiasmen a los jóvenes, es probablemente resultado del mismo problema. El país vive una emergencia educacional en el sector público secundario.

El gobierno debiera - así como la sociedad pacienta a la espera de sus soluciones en política educacional - reponer los derechos transgredidos arbitrariamente a los alumnos y alumnas durante estos días.