blogs el mercurio, 17/08/2008
Señor Director:
El Liceo Darío Salas ha rechazado la apelación presentada por la familia de María Música Sepúlveda, quien no podrá continuar su proceso educativo en su liceo. Ésta es una situación preocupante que nos lleva a reflexionar acerca de la necesidad de perfeccionar los sistemas y procedimientos aplicables en estos casos.
Dado que la alumna incurrió en una falta ocurrida fuera del establecimiento y de evidente connotación pública, resulta discutible la conveniencia y legitimidad de recurrir en forma exclusiva y excluyente a los mecanismos internos del establecimiento, o del sostenedor, para enfrentar y sancionar una situación de esta naturaleza. Más aún, si el ejercicio del derecho a la educación se ve afectado, como ha ocurrido en casos similares, se abre la posibilidad de que la sancionada pida la revisión de la decisión a los tribunales, con lo cual el problema, lejos de resolverse en el ámbito interno del establecimiento, será resuelto judicialmente.
La complejidad del caso y la naturaleza de la sanción aplicada exigirían un procedimiento institucionalizado que las actuales normas distan de garantizar. Unicef quiere reiterar principios y conceptos que, a su juicio, son fundamentales para enfrentar este tipo de situaciones. Es importante que existan reglas respetuosas de los derechos de las personas, claras y conocidas por todos (reglamento interno), procedimientos imparciales y revisiones independientes. El debido proceso y la proporcionalidad entre la falta y la sanción deben ser las características distintivas del mecanismo de solución. Considerar estos principios permite fortalecer el carácter formativo de la resolución de problemas y además afianzar la autoridad en la institución escolar.
Siempre la cancelación de matrícula es preocupante en términos educativos, puesto que en el ámbito escolar la regulación de la convivencia debería ser siempre formativa y generar una mejor condición para el proceso de aprendizaje. En este caso, la sanción no responde a esos criterios. Es difícil entender que resulte formativo transferir un alumno a otro establecimiento cuando la convicción del liceo es que "la formación valórica debe acompañar al educando más allá del aula; debe ser una conducta permanente en la dinámica del saber comportarse en sociedad", como lo expresa la resolución del liceo.
Sin lugar a dudas, el incidente conocido como "el jarrazo" es un hecho grave, pero la expulsión de una alumna en un contexto en que su permanencia en el establecimiento no significa poner en riesgo el derecho a la educación de otros carece de sentido.
EGIDIO CROTTI
Representante de Unicef para Chile
emol, 13/08/2008 16:50, extracto
SANTIAGO.- El liceo Darío Salas ratificó la decisión de cancelarle la matrícula de manera inmediata a la menor María Música Sepúlveda, luego del incidente que protagonizó con la ministra de Educación, Mónica Jiménez, al arrojarle un jarro con agua.
La resolución del establecimiento plantea que se esperaba que la apelación entregara nuevos argumentos que permitieran entender la conducta de la joven, sin embargo, el escrito no da luces de disculpas por lo ocurrido, “más aún, es reiterativo en los derechos de la alumna, desconociendo el agravio que implicó (...)”, cita el documento.
Technorati Tags: Chile,educación pública,María Música Sepúlveda,expulsión,sanción,polémica,derechos del Niño
reproducida en blog lamúsicalibre.wordpress.com, 13/08/2008, extracto.
Señor
Egidio Crotti
Representante
UNICEF CHILE
Presente
Estimado Egidio,
Los/as abajo firmantes sostenemos que en el caso de María Música Sepúlveda ha faltado una reflexión ponderada, informada y serena de los diferentes actores sociales. Por el contrario, creemos que ha imperado el autoritarismo y la condena apresurada, por parte del mundo político y de la prensa.
Nosotros/as analizamos y resumimos los acontecimientos del siguiente modo. Primero Carabineros golpea brutalmente a María Música. Nadie dice ni hace nada. Después la niña intenta hablar con la Ministra para explicarle como la han golpeado y reprimido. La Ministra no la escucha y Música, en un acto de impotencia, la moja. El círculo se cierra cuando Carabineros, a petición de la Ministra, denuncia a Música por agresión. Ante todo esto concluimos que:
1. Carabineros no tiene moral para denunciar a Música Sepúlveda por agresión, puesto que la agresión que ha infringido Carabineros a la niña, es de una gravedad extremadamente mayor.
2. La Ministra de Educación no tiene moral para denunciar a Música Sepúlveda, puesto que ella no ha sufrido lesión alguna y sí ha permitido que los/as estudiantes secundarios sean reprimidos y lesionados constantemente por manifestarse en contra de la Ley General de Educación.
3. Resulta insólito que las autoridades, que deberían, por principio, proteger a María Música y denunciar a Carabineros, optan por proteger a Carabineros y denunciar a María Música, validando además sanciones que no son proporcionales, ejemplares ni formativas.
4. Si permitimos que María Música sea procesada por un delito (atentado a la autoridad), se consagrará una injusticia enorme, puesto que su acto de protesta contra la Ministra de Educación, solo se debería considerar una falta. Si permitimos que estas cosas sucedan, los/as jóvenes respetarán cada vez menos las instituciones y no confiarán en la democracia ni en los derechos humanos.
5. Creemos que si no se actúa pronto, esta niña será procesada por la Ley Penal Juvenil y algunos medios de comunicación seguirán farandulizando y banalizando su vida. Y ahora no solo su integridad física, sino también su equilibrio emocional estará en peligro.
Por todo lo anterior, los/as abajo firmantes solicitamos:
1. Que UNICEF manifieste su rechazo a la denuncia interpuesta por la Ministra de Educación, Mónica Jimenez de la Jara, en contra de la estudiante secundaria María Música Sepúlveda Cavieres; y que solicite a la Secretaria de Estado que desista de su acción judicial.
2. Que UNICEF rechace la posible activación de un proceso penal en contra de María Música Sepúlveda y vele porque ninguna otra autoridad se haga parte del proceso. A nuestro entender la niña no debe ser procesada en virtud de la Ley Penal Juvenil, dado que lo que ella ha hecho no es un delito, sino que una falta, falta que debe evaluarse además, en relación al contexto de represión policial que vive el movimiento secundario.
3. Que UNICEF manifieste su preocupación por la cancelación de matrícula de María Música Sepúlveda, porque en este caso hay indicios evidentes de que la niña no ha tenido un debido proceso y de que sus profesores han deliberado y votado bajo presión. De hecho, nos parece que el proceso se deslegitima desde el mismo momento en que el alcalde de Santiago, opina públicamente que la niña debe ser expulsada del liceo Darío Salas, establecimiento que depende administrativamente de la Municipalidad de Santiago.
4. Que UNICEF rechace categóricamente la represión brutal que están sufriendo los/as estudiantes secundarios movilizados y la desinformación que impera sobre éste tema, gracias a la escasa responsabilidad social con que se ejerce el periodismo en Chile. Pensamos que UNICEF debería ejercer un papel protagónico en estas y otras situaciones que afectan al movimiento secundario, promoviendo urgentemente la mediación de conflictos y el diálogo, antes de que se produzcan espirales de violencia de mayor envergadura.
6. Que UNICEF comunique a las autoridades que en el caso de María Música Sepúlveda y de muchos otros estudiantes secundarios, se están violando, al menos, seis artículos de la Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas.
(…artículos Declaración Derechos de los Niños y Niñas, ONU…)
Conociendo ya los atenuantes del caso, puede considerarse que enviar a una niña a Fiscalía y procesarla, no solo es poco formativo respecto de los DDHH, sino que una violación de los DDHH. La acción de María Música, en contra de la Ministra Jiménez, es una falta, no un delito. Y por lo tanto, la criminalización que se propone no es proporcional a los hechos acaecidos. Por último los abajo firmantes rechazamos la expulsión de María Música Sepulveda, puesto que no nos parece fundamentada ni formativa.
Atentamente,
Observatorio CiudadanoAsociación Nacional de Defensa de la Eudcación, ANDE
Comisión Etica Contra la Tortura
Human Rights Project del Urban Justice Center de New York City
UNETE (Unidad Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educacion)
Olimpia Riveros, Vicepresidenta Colegio de profesores de Chile
Rodrigo Cornejo, Observatorio Chileno de Politicas Educativas
Rodrigo Roco Fossa (ex presidente de la FECH, candidato a Doctor en Educación)
Nicolás Grau (ex presidente de la FECH)
Rodrigo Bustos, (Abogado y Candidato a Doctor en Derechos Humanos, ex Presidente FECH)
Peter Chaskel Benko (Cineasta)
Alejandro Kirk (periodista)
Rafael Otano (periodista)
Karla Palma (Periodista), Corporación Innovación y Ciudadanía)
Francisca Araya (periodista), Colectivo Memoria Visual
Federico E. Cavada Kuhlmann, Profesor Universidad de Buenos Aires, Director Agencia Informativa Cono Sur, AICOS
Jaime Díaz Lavanchy (documentalista y periodista)
Uno de los ejes de la discusión de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente fue que una persona a los 14 años podría comprender cabalmente el significado de sus actos. Esto las hace pasibles de una sanción penal, si bien por actuar en fases tempranas de desarrollo -en que todavía es posible la reinserción- el sistema de sanciones debe orientarse a resocializar al adolescente infractor.En el conocido caso de Música Sepúlveda y su agresión a la ministra de Educación, lo relevante no es que haya arrojado agua a una persona (hecho que, aisladamente, incluso podría parecer menor), sino que detrás de ello hay un manifiesto y expreso desprecio por la autoridad y por los cauces de diálogo reconocidos en nuestra comunidad. Pero en un caso como éste, el derecho penal tiene muy poco que decir. La reacción más dura del Estado no puede usarse para mandar mensajes de enseñanza o escarmiento al resto de la sociedad: su utilización debe circunscribirse a los atentados más violentos contra las normas legales. Sería, pues, equivocado entremezclar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente -como algunas voces lo han planteado- con una discusión que no es jurídica, sino una batalla político-estudiantil.En todo caso, el sinnúmero de problemas que se han evidenciado en la aplicación de la ley penal juvenil probablemente confirme su total ineptitud para enfrentar hechos de esta naturaleza. Mientras no se concreten los mejoramientos necesarios en los centros del Sename, la infraestructura adecuada para el cumplimiento de su sistema de sanciones y la ejecución de planes eficaces de reintegración social, ese sistema no debe ser recargado, además, con asuntos ajenos a su verdadero objetivo.Actos como éste requieren emplear las sanciones propias del sistema de educación. Se presume que el colegio es responsable de la formación integral de la persona -incluidos sus deberes cívicos- y no es el derecho penal el que debe satisfacer esa necesidad. Por eso, es procedente que el propio liceo Darío Salas cumpliera esa función y, sin duda, la cancelación de la matrícula es una medida razonablemente proporcionada, aplicada por el órgano competente y en el plano apropiado.Desproporcionada, en cambio, resulta la movilización estudiantil (con la solidaridad del Colegio de Profesores) para presionar en busca de una reversión de la medida disciplinaria adoptada por dicho liceo, por la vía de un paro nacional y marchas callejeras. Hoy expira el plazo de apelación, pero si dicho liceo cede a las presiones, es muy probable que deba prepararse para enfrentar un cuadro de generalizada indisciplina en lo venidero, que también afectará, predeciblemente, a otros planteles.
Luego de que las autoridades declararan que no interpondrían querella contra la jóven María Música Sepulveda por arrojar agua a la Ministra Jiménez ahora resulta que, aparentemente, la Ministra sí habría presentado querella. La que pasaría ahora al Ministerio Público, a ser vista bajo la Ley Penal Juvenil, luego que el Tribunal de Familia se declara incompetente.
La opinión del ex-juez, don Juan Guzmán: “criminalizar a una niña de 14 años es muy grave. Esto es un hecho aislado y muy lamentable, pero hay formas mucho más humanitarias, didácticas y pedagógicas que pueden servir. Yo creo que un juicio criminal no es lo mejor respecto a esta niña” [cooperativa]
Será entonces, efectivamente ¿El Estado de Chile versus una adolescente de 14 años?
Espero que no sea así. Proyectaría una luz extraña sobre las actuales autoridades.
En fin. Cómo muchas cosas recientes, un conjunto discordante de voces, decisiones y acciones terminan por socializar confusión.
