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07-07-2011

Educación: una propuesta interesante - editorial - El Mercurio 07/07/2011

El Mercurio, 07/07/2011, extracto.-

El Presidente Piñera ha vuelto a reiterar su compromiso con la educación y su papel en la igualación de oportunidades. Recordó, además, que la agenda educacional no se puede agotar en los estudios superiores y confirmó su deseo de seguir avanzando en educación escolar, respaldando implícitamente la agenda que emergió de los acuerdos que permitieron las aprobaciones de las leyes de Calidad y Equidad de la Educación y de Aseguramiento de la Calidad, en enero y abril, respectivamente. Cabe recordar que, adicionalmente, en la agenda gubernamental se incorpora un aumento significativo en la subvención escolar, con especial énfasis en los estudiantes más vulnerables y de ingresos medios. Esta iniciativa también incluye la extensión gradual de la subvención preferencial -actualmente sólo vigente hasta 8° básico- a la educación media. Como consecuencia de este programa, el gasto en subvenciones aumentará en los próximos años en cifras que ascienden a tres mil millones de dólares. Mantener esta agenda es fundamental, porque la base para tener una educación de más calidad y más equitativa es el nivel preescolar y escolar. En la educación superior, los esfuerzos que pueden hacerse en cuanto a equidad son más limitados, pues este sistema, por sus características, es más selectivo. Continuar con ese foco permite asegurar que seguirá allanándose el camino para avanzar decididamente en este ámbito.



Puesto ahora el énfasis en la enseñanza superior, emerge del planteamiento del Presidente Piñera un programa valioso. Por cierto, esta iniciativa no resuelve todos los problemas existentes en ella, pero representa un avance significativo. Sostuvo con decisión que no se trata de cambiar el modelo vigente de provisión mixta, sino de abordar sus carencias y de enfrentar los problemas que van emergiendo, como es natural en un sistema que en 25 años ha cuadruplicado el número de estudiantes. Parece el camino acertado, en vez de volver a un modelo con las características del existente hace 40 años, que goza de poco aprecio no sólo en Chile, sino también en los más diversos países y entre los más distintos expertos. Ahora será determinante que el Gobierno actúe con celeridad para precisar y concretar los anuncios, y materializar los proyectos de ley y los cambios administrativos requeridos.

Destaca entre éstos un fondo extraordinario de cuatro mil millones de dólares para educación. Es una señal clara de compromiso con las reformas educacionales tanto en la educación escolar como superior. Ese fondo permitirá apoyar la ambiciosa agenda del Gobierno, cuya materialización definitiva trasciende su período, teniendo como horizonte -definido en el programa de gobierno- el año 2018. Responsablemente se deben crear las condiciones para que la agenda pueda sostenerse más allá del período presidencial, alcanzando acuerdos y disponiendo los recursos. No es raro, pues, que el Presidente haya insistido tanto en la importancia de lograr acuerdos en este campo. Ahora bien, ese fondo es una forma muy concreta de asumir esa responsabilidad, porque permitirá sostener hasta esa fecha los compromisos derivados de las iniciativas en educación escolar y superior. Los ingresos adicionales que a resultas del crecimiento obtenga el país hasta esa fecha -cuando debería superarse el umbral del desarrollo- permitirán luego seguir soportando las diversas políticas educativas que requieren recursos públicos. Entre otras iniciativas, ese fondo se utilizará en apoyar el aumento de la subvención y asegurar menores costos financieros para los estudiantes que acceden a la educación superior -por ejemplo, mediante el uso de parte de esos recursos para reducir los intereses del crédito con aval del Estado, lo que también favorecerá a estudiantes que ya han accedido a créditos con tasas elevadas.

Para asegurar mayor equidad y, en especial, alivianar la carga financiera que deben soportar los padres de familia de ingresos medios y bajos, es clave el aumento en el número y los montos de las becas, particularmente en la educación técnico-profesional, para los estudiantes más vulnerables. Si persevera en esta línea, al final de su mandato el Gobierno podrá sostener que ha comenzado a corregir las odiosas discriminaciones actualmente existentes en el financiamiento estudiantil asociado a la naturaleza de las instituciones a las que asisten los jóvenes, en vez de estarlo a la calidad de las mismas y las necesidades socioeconómicas de los estudiantes. Paradójicamente, las peticiones de los estudiantes movilizados apuntan en parte a seguir sosteniendo estas inequidades -una forma indirecta, hay que reconocerlo, de impedir la libertad de elección en el campo de la educación-. Es razonable que el Gobierno y, en general, los actores políticos aumenten las posibilidades de elección, y no que las cierren.

Desde la perspectiva de facilitar el acceso, es novedosa la creación de mil becas para que las universidades nivelen a estudiantes de mal desempeño en la PSU, pero cuyo promedio de notas en establecimientos estatales y privados subvencionados se encuentre en el cinco por ciento superior del país. También puede ser un avance en esta dirección -sobre todo si se muestra que es un buen predictor de desempeño académico en la educación superior- la inclusión del ranking de notas como instrumento adicional de selección universitaria.

La convocatoria a un grupo de expertos para rediseñar el sistema de créditos con aval del Estado es un paso clave, atendidas las deficiencias que él ha evidenciado. Si bien los ajustes anunciados a ese crédito son relevantes, es evidente que el sistema actual, tal como está diseñado, no se puede mantener en el futuro. Y más bien fruto de la concesión es la reprogramación generosa de los créditos impagos del Fondo de Crédito Solidario, que beneficia a los egresados de las universidades del Consejo de Rectores.

Hay cambios institucionales significativos, que incluyen la creación de una subsecretaría y una superintendencia de educación superior, lo que permitiría perfeccionar el diseño de la política y la fiscalización de este sector, tradicionalmente muy descuidado. Una mejor información sobre la marcha de las instituciones y un sistema de acreditación más guiado por sus desempeños objetivos -empleabilidad e ingresos de egresados, entre otros- le impondrán mayores estándares. Se busca avanzar hacia una FECU académica, que para cada institución reporte los grados académicos de los docentes de la misma, sus antecedentes financieros y la trayectoria laboral de sus egresados.

Por otra parte, el apoyo a la desburocratización de las universidades estatales, la creación de un fondo de revitalización de las mismas (aún sin monto comprometido) y recursos para que las regionales apoyen a sus respectivas regiones son pasos que las fortalecen y ayudan a mejorar el sistema nacional de estudios superiores.

Otras reformas institucionales permitirán distinguir con más precisión entre las distintas universidades, tanto en cuanto a su naturaleza jurídica como al aporte estatal que podría corresponderles. Se invita, además, a un debate sobre si nuestro país -como ocurre en otros, varios de ellos latinoamericanos- debe permitir la existencia de universidades con fines de lucro. El Gobierno pudo haber zanjado esta materia, porque si bien ellas probablemente nunca serán complejas, pueden cumplir un papel relevante en la provisión de docencia en nuestro país. Con todo, en la medida en que el Gobierno explicite sus intenciones en este campo y se abra un debate apropiado, se podrá comenzar a definir con más precisión qué lucros se pueden permitir -y, de hecho, se permiten en diversas formas, incluso en universidades del Cruch- y cuáles se deben excluir. La realidad en todo el sistema de educación superior es mucho más compleja y llena de aristas que cuanto el debate superficial y fácil de ahora deja entrever. Una mayor transparencia en este ámbito es aconsejable para equilibrar la discusión.

Ahora que la autoridad ha delineado su agenda, cabe esperar un debate con altura de miras: el camino propuesto es interesante y permite llevar el disperso e inorgánico debate actual a un plano de mayor racionalidad y realismo.

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