CiberAmérica | Un post de arturo durán.
La decisión de una mayoría de profesores del liceo Darío Salas de cancelar la matrícula a la alumna María Música Sepúlveda plantea interrogantes e inquietudes acerca de cómo funciona el derecho en el país. Una cosa es que una alumna de 14 años cometa una falta inaceptable al agredir a la Ministra de Educación lanzándole agua. Otra cosa es que los profesores y funcionarios de su liceo tomen la decisión de sancionar a una niña de 14 años con la cancelación de la matrícula al alero de la autoridad que desafortunadamente fue, ella misma, víctima de la agresión.
La pregunta es si estamo frente a una decisión en derecho o frente a una medida ‘de facto’ de animo ejemplificador. Hacer caer todo el peso normativo sobre la alumna por una falta cometida fuera del establecimiento es una medida que puede ser cuestionada. (hay países- por ejemplo en el Reino Unido - donde el establecimiento no tiene autoridad para sancionar alumnos/as por un hecho realizado fuera del mismo).
Escuchemos, por favor, al director del establecimiento justificar la decisión de expulsión:
"En este caso puntual la opinión pública nos ha demandado asumir nuestras responsabilidades. Creemos en la validez de esta sanción, en su proyección formativa y correctora” [emol, 31/07/2008 17:37]
¿Obedece entonces dicha decisión a un imperativo de la opinión pública? ¿Son los profesores y personal del establecimiento los llamados a ser ejecutores de esa opinión pública? ¿Ha considerado el director García la posibilidad de que esa ‘opinión pública’ tenga a su vez una opinión dividida sobre este asunto? Creo que su argumento es equívoco para ser parte de una desición tan importante.
“Creemos – continúa el director García - en la validez de esta sanción, en su proyección formativa y correctora”
Francamente, su lógica ‘formativa’ se me escapa. ¿Qué tiene de formativo para María Música una expulsión? ¿No será ésta más bien una señal ‘correctora’ dedicada a otros jóvenes? Y si este es el caso ¿No estaremos, por casualidad, frente a una desición motivada más bien por una extraña necesidad de reafirmación de la autoridad disciplinaria frente al colectivo - a costa de una niña de 14 años?
Afirma el director García – a continuación- que quienes votaron por la sanción argumentaron que en el caso de la agresión se trató de un hecho intencionado. ¿Están los profesores habilitados para asumir el derecho de jueces de facto y suponer dicha intención? ¿Existe alguna prueba de dicha intencionalidad? ¿O es una sospecha?
El problema deja de ser la falta de una niña y pasa ser el de una decisión adulta criticable que castiga con expulsión.
Tiene razón el senador Alejandro Navarro (de quién difiero en otros aspectos), Presidente de la Comisión de Educación del Senado chileno, en hacer un llamado a considerar para el caso de María Música Sepúlveda la recomendación de Naciones Unidas de protección a los niños maltratados por la fuerza pública. La recomendación, realizada por la ONU en vista de los maltratos sufridos hace dos años por los pingüinos - es válida en este caso.
La foto, publicada recientemente muestra a María Música con las huellas evidentes del maltrato sufrido en manos de las fuerzas del orden – hace pensar que su caso debe ser reconsiderado.
La falta de una niña no se compara con los errores de los adultos.
Este lamentable caso deja de manifiesto la dimensión alcanzada por el maltrato a niños y niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes – que irritados por la inercia y la reconocida precariedad educacional – protestan desde hace dos años por una mejor educación.
Es hora de abogar por un mejor trato – libre de violencia – para alumnas y alumnos. Y de generar – desde la educación – la cultura de la noviolencia en alumnos y profesores.
Al excluir a la alumna, el liceo desiste de su misión formativa y al diálogo – y se hace parte de una cadena paradojal en estos tiempos de crisis – del retorno a la autoridad disciplinaria y a la exclusión.
Las autoridades harían bien en superar reacciones corporativistas así como su actual propensión a evadir realidades y, por el contrario, cuidar en primer lugar y por todos los medios posibles – la integridad de niños y niñas.
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