La integración de la Concertación al acuerdo político con el Gobierno para sacar adelante la ley de educación tensó algo más las ya complejas relaciones en su interior. Pero no sería certero mirar este hecho sólo como un nuevo factor de disgregación —aunque el conglomerado opositor pierda un diputado socialista, y el Partido Radical “congele” su participación en él—, sino que hay que verlo, más bien, como un paso necesario para renovar su plataforma política, ya que la opinión ciudadana la reprueba hoy por sobre el 60 por ciento.
Los opositores más ardientes al acuerdo, varios de los cuales se restaron de la resolución mayoritaria, tanto en el Senado como en la Cámara, parecen ser los primeros sorprendidos. Ideológicamente, no entienden haber perdido una batalla que tan fácilmente se habría ganado cuando la Concertación simplemente se inclinaba ante el veto de los organismos corporativos, como el Colegio de Profesores, a cualquier reforma en educación. Sin embargo, mucho cambió el mundo desde que en junio de 1991 se aprobó el estatuto docente bajo un criterio estatista que paradójicamente terminó reventando a la educación pública por su inflexibilidad. En virtud de decenas de miles de decisiones individuales, los padres de familia que pudieron hacerlo, comenzaron a preferir la educación subvencionada, al serles irresistibles la mala calidad formativa, los bajos puntajes del Simce y de la PSU, y las crecientes pérdidas de clases, por la indisciplina laboral del gremio docente. Los más renuentes al acuerdo adoptado creían posible en esta oportunidad “esperar hasta marzo”, fecha de la entrada a clases, cuando es más fácil ejercer presión en la calle.
Esta votación en el Congreso debe ser la primera en que los parlamentarios de la Concertación se desligan del interés corporativo de gremios políticamente afines, para preferir una postura de bien común, como lo graficó el presidente de la DC, Ignacio Walker. Aparecer rechazando la primera reforma del Gobierno, cuando se clama por la calidad de la educación, habría sido impresentable para la oposición. La pragmática cultura actual prefiere hace mucho los acuerdos, y no cree en los gestos numantinos, especialmente cuando en ellos percibe un canon ideológico desfasado con la realidad. Si eligió recién el mandato presidencial de Piñera, lo hizo para poner un acento distinto en políticas públicas fundamentales, singularmente en educación, donde es mayor el fracaso, y en donde más prospera la injusticia generada a partir de una educación pública tan desigual en calidad a la privada y subvencionada.
Para destrabar esta primera reforma, los ministros Lavín y Larroulet negociaron duramente el pasado fin de semana. Al frente de ellos, el grupo de tres o cuatro senadores democratacristianos, partidarios iniciales de aprobar el proyecto, no estuvieron dispuestos a dar sus votos en solitario, sin el concurso de sus compañeros de coalición. Al final, los senadores Walker, Lagos (PPD) y Rossi (PS) aparecieron con el mismo nivel de gravitación y logros de bulto: esencialmente unos 220 millones de dólares extraídos al Gobierno para inyectarlos íntegramente a la educación pública municipal.
El Gobierno, a su vez, consiguió materializar su primera reforma, cuya arma principal será la posibilidad de quitar del sistema docente al 5 por ciento de los profesores más deficientes. Esta cifra menor no debería ser nada menor en su efecto práctico. En efecto, la sola eventualidad de un cese alistará a todos los profesores en otra actitud y esfuerzo de capacitación. Aunque falte mucho por ejecutar en este deseable nuevo piso de calidad educacional, el paso dado es trascendente y beneficioso, como su impacto político en gobierno y oposición.
Niveles adecuados
El Gobierno ha insistido en que ganó profundidad política al incorporar a Matthei y Allamand. Pero la eficacia de este tipo de decisiones compromete a todo el Gobierno, y particularmente al Presidente, que como se vio el viernes en la reunión de Cerro Castillo, tiene ahora cinco ministros presidenciables, y no puede permitir que se anticipe la carrera presidencial, así como que se autocoarte la potencialidad política de su gobierno y de su coalición.
El Ejecutivo está llevando a cabo un fuerte cambio de gestión, que trae aparejado modificar políticas, procedimientos administrativos e impulsar modificaciones legales de estructuras deficientes. ¿Pero debe ser necesariamente el Presidente quien presente todo esto en público? Sin duda, buena parte de ellos son ámbitos propios del elenco ministerial que ya se trate de ministros políticos o “técnicos”, y hasta donde éstos lo sean, deben empoderar en conjunto la imagen colectiva del Gobierno ante la ciudadanía.
Al respecto, no hay dos opiniones en que fue un error la aparición especial del mandatario para celebrar el acuerdo logrado en Magallanes. Por de pronto, porque el propio Gobierno había colocado en esa tarea al recién designado ministro Golborne. Suya era la responsabilidad y suyo el nivel apropiado para salir lo mejor librado posible de un evidente error ya cometido. El cierre del conflicto estuvo muy distante de las pretensiones iniciales del Gobierno. Finalmente, el alza del gas apenas operará por el alza del costo de la vida el último año, sin recuperar siquiera la proporción habitual en que la Enap otorgaba este beneficio a los magallánicos. Y una suma equivalente a dos tercios del alza irá además a subsidios especiales. Cuando terminó la movilización, gran parte de sus actores se habían descolgado, al igual que el comercio. Y entre tanto, durante muchos días, caminos y calles decisivas de Punta Arenas y de la conexión a Tierra del Fuego permanecieron bloqueados, únicamente francos para quienes portaban una credencial especial, aparentemente manejada por miembros de las modestas células del Partido Comunista local.
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