| El Mercurio, editorial, 19/08/2011.-
Por intermedio del ministro de Educación, el Gobierno reforzó su propuesta educacional: se profundizan algunas medidas propuestas anteriormente y se clarifican los énfasis de la agenda gubernamental en torno a cuatro ejes. El primero incluye un esfuerzo adicional para aliviar la carga financiera de las familias o de los futuros egresados, mediante dos vías. Por una parte, las becas, originalmente propuestas para el 40 por ciento de menores recursos, se extenderán al 20 por ciento siguiente. Los anuncios oficiales no precisan si las becas agregadas serán por un monto equivalente al del primer grupo, o si será un beneficio que decrece gradualmente con el nivel de ingreso. Parece más razonable esta segunda opción, combinándola con créditos.
Respecto de estos últimos se propone, con efecto retroactivo, rebajar sustancialmente la tasa de interés, en particular para el crédito con aval del Estado, igualándola con la que rige para el crédito solidario al que acceden los estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores. Por esta vía se repara una injusticia del sistema de financiamiento estudiantil. Sin embargo, es una política onerosa que, además, tiene el problema de beneficiar por igual a los egresados de ingresos altos y a quienes los tienen reducidos. Dado el importante subsidio implícito, existe el riesgo de incentivar la solicitud de créditos, lo que puede obligar a racionarlos, sin que el efecto sobre el acceso de esta medida pueda anticiparse apropiadamente. Cabe imaginar políticas alternativas que consigan un objetivo similar, con un foco más acotado en los egresados de menores ingresos.
Una segunda prioridad anunciada en esta oportunidad busca fortalecer la educación estatal. El Gobierno parece estar inclinándose por organizarla al margen de los municipios, en instituciones autónomas muy profesionales, dirigidas por un consejo integrado por personas elegidas por Alta Dirección Pública y representantes de la comunidad. El alcance geográfico de estas instituciones no parece completamente definido, pero sería conveniente que tuviese claras raíces locales, porque existen importantes sinergias con otras políticas sociales que se canalizan por los municipios.
Esta última reforma irá acompañada de un debate sobre si corresponde que reciban un tratamiento financiero especial, y sobre la relación que debe existir entre estas organizaciones y el personal directivo y docente de su dependencia. Es importante que estos aspectos se aborden de manera integral, sin olvidar que Chile históricamente ha tenido un sistema de provisión mixta, sostenido sobre la base de un tratamiento similar a los distintos proveedores educacionales.
El Gobierno también postula reforzar el cumplimiento de la legislación que prohíbe el lucro en las universidades. Indudablemente, hacer cumplir la ley es un deber irrenunciable del Estado. Sin embargo, no es en esta dimensión donde se jugará la calidad del sistema de educación superior: los esfuerzos deben dirigirse a asegurar buenos desempeños de los planteles, tanto respecto de su eficiencia interna como de las proyecciones laborales de sus egresados. También es importante que transparenten sus cuentas financieras y su realidad académica.
Algo similar se puede decir respecto del cuarto eje, que apunta a elevar a rango constitucional el derecho a una educación de calidad. En el mundo, pocas constituciones han seguido este criterio, porque hay caminos mejores. El esfuerzo debe dirigirse, por ejemplo, a utilizar bien los instrumentos que en educación escolar otorga la Agencia de Aseguramiento de la Calidad. Sería una fórmula más apropiada para lograr este propósito.
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