Radio U. de Chile, 30/01/2009
Luego de tres meses, ochenta audiencias y dos semanas de intenso debate, la comisión de Educación del Senado aprobó el controvertido proyecto de Ley General de Educación (LEGE).
Inciso por inciso se discutieron las más de 500 indicaciones que recibió la iniciativa en sus trámites previos, de las cuales un 25 por ciento no fueron admitidas por ser consideradas inconstitucionales.
Entre las modificaciones que se realizaron al texto legal se encuentra la incorporación de los principios de sustentabilidad e inclusión; la ampliación del concepto de calidad vinculada a la realización de objetivos específicos, y el reconocimiento oficial de establecimientos con mallas curriculares alternativas, mediante el concepto de la libertad de enseñanza.
Junto con la LEGE, también se aprobaron los proyectos de Superintendencia y de la Agencia de Calidad de la Educación.
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Para el presidente de la comisión del ramo de la Cámara Alta, Ricardo Nuñez, estas leyes constituyen el mayor avance que se ha dado en Chile en materia educacional.
“Esas tres leyes constituyen un paso muy sustantivo, el más importante que se ha dado en la educación chilena en los últimos treinta años. No estamos hablando de un paso cualquiera, sino de una transformación significativa que va permitir que nuestro país se incorpore al siglo XXI, para que sus nuevas generaciones tengan mayores posibilidades de éxito, independiente de sus condiciones sociales, origen social, religioso, étnico o cultural”, enfatizó.
La finalización de este trámite nada tuvo que ver con las consignas de la revolución pingüina de 2006, ni con las propuestas emanadas desde varios sectores de la sociedad civil, incluido el Colegio de Profesores.
Los grandes triunfadores de esta historia son los miembros de la Concertación y la Alianza por Chile, conglomerados que se adjudicaron la transformación de la educación chilena en 2007 en un acuerdo político, catalogado de “histórico”, pero fuertemente criticado por el resto de los actores sociales involucrados en el tema.
Por esta razón, el senador UDI, Andrés Chadwick, se mostró satisfecho a la salida de la maratónica reunión de la instancia.
“Se han acordado algunas modificaciones que perfeccionan el proyecto, pero todo dentro del marco que se celebró sobre materia educacional. Todas ellas han sido aprobadas en forma prácticamente unánime, con lo cual estamos muy satisfechos como Alianza y por el trabajo que se ha hecho en la comisión, porque se ha podido mantener el espíritu y la letra del acuerdo que habíamos firmado”, señalo.
El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, anunció jornadas de movilización en repudio a estas reformas, y planteó la posibilidad de no iniciar el año escolar de no escucharse sus peticiones porque, según su opinión, este proyecto consolida un sistema educacional competitivo y no pone fin al lucro.
“Veremos un plan de trabajo concreto, con fechas, días y etapas para salir al paso de los intentos por aprobar este proyecto. No descartamos un paro de advertencia en el mes de marzo”, aseguró.
Por otro lado, la ministra de Educación, Mónica Jiménez, se declaró molesta por la postura de los docentes. “Son muchos los actores relevantes, y no todas las indicaciones de esos actores relevantes se consideran. Justamente, en estos procesos legislativos, son muchos los que pierden y ganan, todo lo que yo quisiera no está contemplado, ni tampoco todo lo que quiere el Colegio de Profesores, eso es parte de la vida democrática”, afirmó.
La comisión tendrá otra cita el próximo martes, donde realizará una revisión final del informe antes de despacharlo para que se someta a discusión abierta en la Cámara Alta.
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