Parece, por lo pronto, ilógico que el gobierno se mantenga en una posición de no-dialogar con estudiantes movilizados puesto que los estudiantes se han movilizado para entablar un diálogo con la autoridad de su país acerca de asuntos educacionales de interés común.
Resulta igualmente ilógico que sea tan difícil abrir conversaciones sobre la JEC, la LOCE y los problemas de calidad de la educación asociados al sistema de municipalización.
A no ser que, en estas áreas, el gobierno esté optando por mejoramientos en la continuidad y los estudiantes estén a favor de transformaciones, lo que no es sorprendente pues los problemas de calidad de la educación son un asunto público.
La realidad es por lo general extremadamente compleja y variada también cuando se trata de sistemas institucionales que, como la educación, tiene una larga historia solidaria. Esa complejidad puede ser una de las razones de la falta de entendimiento entre el gobierno por un lado y los estudiantes por otro. Influyen también, probablemente, las expectativas que los jóvenes tienen en la Presidente Bachelet desde los tiempos de la campaña presidencial.
Y, por supuesto, existe también en el país un tercer actor: una opinión pública compleja y diversa. Este conflicto, que moviliza a los estudiantes, empieza a inquietar también a sectores de ella.
A momentos era perceptible la propensión del gobierno a desconocer la movilización estudiantil, esperando una eventual disolución natural de esta luego de las manifestaciones y detenciones masivas. Concentrado en los avances del programa preescolar (de significativo valor para el país) el gobierno parece poco dispuesto a dar cuenta de dificultades que no están listadas como prioridad en su programa, que no por ello sin embargo son menos urgente. Pues es una cierta urgencia de mejoramiento lo que se manifiesta vía movilización estudiantil en una protesta que cuestiona la legitimidad de la doble herencia educacional de un sistema surgido en tiempos de dictadura y luego sostenido políticamente por la Concertación. Resulta difícil jugárselas por el sistema educacional actual.
El movimiento estudiantil secundario parece haber superado las encrucijadas recientes, en las que los desmanes le jugaban en contra y daban oportunidad para que una cuestión de educación pasara a ser una cuestión de orden. Sin embargo, las detenciones masivas parecen haber tenido un doble efecto. Convencer a los jóvenes que ese era un camino de riesgo frente a una actitud represiva y por otro lado sensibilizó una parte de la opinión pública frente a las dificultades de los estudiantes. Es probable que ahora la autoridad requiera recuperar credibilidad frente a los estudiantes.
Ya que el diálogo no ha surgido en forma espontánea, creo que vale la pena abrir alternativas creíbles para una fase de distensión del conflicto, abrir la discusión de los temas que los estudiantes han traído al debate y crear las condiciones para que ellos vuelvan a clases.
Resulta igualmente ilógico que sea tan difícil abrir conversaciones sobre la JEC, la LOCE y los problemas de calidad de la educación asociados al sistema de municipalización.
A no ser que, en estas áreas, el gobierno esté optando por mejoramientos en la continuidad y los estudiantes estén a favor de transformaciones, lo que no es sorprendente pues los problemas de calidad de la educación son un asunto público.
La realidad es por lo general extremadamente compleja y variada también cuando se trata de sistemas institucionales que, como la educación, tiene una larga historia solidaria. Esa complejidad puede ser una de las razones de la falta de entendimiento entre el gobierno por un lado y los estudiantes por otro. Influyen también, probablemente, las expectativas que los jóvenes tienen en la Presidente Bachelet desde los tiempos de la campaña presidencial.
Y, por supuesto, existe también en el país un tercer actor: una opinión pública compleja y diversa. Este conflicto, que moviliza a los estudiantes, empieza a inquietar también a sectores de ella.
A momentos era perceptible la propensión del gobierno a desconocer la movilización estudiantil, esperando una eventual disolución natural de esta luego de las manifestaciones y detenciones masivas. Concentrado en los avances del programa preescolar (de significativo valor para el país) el gobierno parece poco dispuesto a dar cuenta de dificultades que no están listadas como prioridad en su programa, que no por ello sin embargo son menos urgente. Pues es una cierta urgencia de mejoramiento lo que se manifiesta vía movilización estudiantil en una protesta que cuestiona la legitimidad de la doble herencia educacional de un sistema surgido en tiempos de dictadura y luego sostenido políticamente por la Concertación. Resulta difícil jugárselas por el sistema educacional actual.
El movimiento estudiantil secundario parece haber superado las encrucijadas recientes, en las que los desmanes le jugaban en contra y daban oportunidad para que una cuestión de educación pasara a ser una cuestión de orden. Sin embargo, las detenciones masivas parecen haber tenido un doble efecto. Convencer a los jóvenes que ese era un camino de riesgo frente a una actitud represiva y por otro lado sensibilizó una parte de la opinión pública frente a las dificultades de los estudiantes. Es probable que ahora la autoridad requiera recuperar credibilidad frente a los estudiantes.
Ya que el diálogo no ha surgido en forma espontánea, creo que vale la pena abrir alternativas creíbles para una fase de distensión del conflicto, abrir la discusión de los temas que los estudiantes han traído al debate y crear las condiciones para que ellos vuelvan a clases.
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