emol, 04/03/2009
Es positivo que el Gobierno esté asignando máxima prioridad a la aprobación de la nueva Ley General de Educación (LGE), lo que ojalá ocurra durante este mes. Chile está aún lejos de ser un país desarrollado, los esfuerzos requeridos para alcanzar ese estado son diversos y enormes, y pocos factores pueden contribuir tanto a lograrlo como una educación de calidad, que es una fuente irreemplazable de progreso, oportunidades y competitividad. Históricamente, el país ha invertido poco y mal en educación, a resultas de lo cual casi la mitad de nuestra fuerza de trabajo no ha completado la educación secundaria, y sólo 20 por ciento de nuestra población adulta tiene competencias lectoras aceptables para integrarse al mundo globalizado. En las últimas décadas, diversas reformas y aumentos de recursos han permitido importantes avances -por ejemplo, la cobertura en educación escolar es casi completa y en educación superior se acerca al 40 por ciento-, pero persisten grandes problemas. Los aprendizajes y destrezas que adquieren las nuevas generaciones siguen siendo insuficientes para desenvolverse en el mundo actual, y persisten grandes brechas de desempeño según el origen socioeconómico de los educandos.
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Ocurre así porque educación es un ámbito en el que hay posiciones encontradas respecto del contenido específico que deben tener las reformas, pero aún más por posturas maximalistas de origen ideológico, que a veces reflejan también intereses sectoriales antes que generales. Eso explica las dificultades que ha tenido el proyecto de LGE para su aprobación en el Congreso, a pesar de que en su origen hubo amplio acuerdo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. La Alianza ha mantenido su compromiso con dicho acuerdo, pero al oficialismo le ha resultado enormemente complejo lograr la concurrencia de sus parlamentarios, a pesar de que expertos de todos los sectores han manifestado que el proyecto es un avance. Por supuesto, hay voces expertas que plantean reparos, como ocurre con toda legislación, pero ellas no parecen ser suficientes para retrasar su aprobación, sobre todo porque es un proyecto valioso, que avanza en el desarrollo de un sistema educativo más eficiente, algo apremiantemente impostergable para la marcha del país. La aprobación de este proyecto será, asimismo, un verdadero test para el Ejecutivo respecto de su capacidad de enfrentar a los grupos de presión y asegurar gobernabilidad en su último año de gestión.
Lograr un sistema educativo de calidad supone nuevas reformas que, entre otros aspectos, alineen los incentivos de todos los actores educativos con los aprendizajes de los niños y jóvenes que asisten a los distintos establecimientos del país; que atraigan a jóvenes talentosos y con vocación a esta profesión y les aseguren una formación adecuada; que brinden apoyo eficaz a los directivos y maestros de aula; que premien el liderazgo directivo; que consagren la autonomía de las escuelas; que alleguen recursos adicionales para educación y, en general, creen una cultura de alta exigencia y apoyo al proceso educacional. A estas transformaciones hay que agregar el desarrollo de una política de educación superior -actualmente dispersa e incoherente en algunos de sus aspectos-, responsabilidad que también le compete al Ministerio de Educación. A falta de aquélla y de definiciones precisas, se levantan los intereses de diversos actores, como las universidades estatales, que aspiran a mayor financiamiento, aunque no es indiscutible que tal demanda esté en el mejor interés del país.
Pese a todo lo anterior, las reformas requeridas no avanzan con la urgencia que necesitan, ni se trabaja en delinear un horizonte hacia el que Chile deba evolucionar en su educación escolar y superior.
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