emol, 22/08/2009 editorial
Por ejemplo, somos el país cuyos estudiantes secundarios tienen más horas de clases entre los países que han participado en la prueba PISA (sigla inglesa del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, de la OCDE). Eso es fruto de la jornada escolar completa, cuya implementación suma hasta ahora casi cinco mil millones de dólares, y que representa un gasto operacional adicional del orden de 700 millones de dólares. Hasta ahora, ninguna evidencia sugiere que esta inversión haya rendido frutos en el aprendizaje de nuestros estudiantes o en alguna otra dimensión educativa relevante.
Hay muchas razones para ello, pero una central es que los establecimientos educacionales chilenos no están estimulados o presionados a elevar sus desempeños. La posibilidad de elección de colegios que existe en el país ha incidido en esto, y nuestro buen desempeño relativo en el contexto latinoamericano en las pruebas PISA parece descansar, en parte, en esta herramienta. Pero esa política no es suficiente por diversas razones, entre las que destaca que en algunas zonas las posibilidades de elección no siempre son significativas. Parece razonable, pues, complementar esta iniciativa con exigencias más formales. La reciente promulgación de la Ley General de Educación (LGE) es un avance a este respecto. Entre otras muchas reformas, ella dispone la definición de estándares de aprendizaje de los estudiantes -elaborados por el ministerio y aprobados por el nuevo Consejo Nacional de Educación- que deberán ser satisfechos por todos los establecimientos de nuestro país.
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Además, la LGE crea una agencia (normada por otra ley específica, cuyo proyecto aún se discute en el Congreso) para velar por el cumplimiento de dichos estándares. Esta entidad también realizará visitas inspectivas a los establecimientos y emitirá un informe con recomendaciones que, si bien no son obligatorias, invitará a los colegios a estudiar las iniciativas más apropiadas para mejorar sus desempeños. Si tras un período razonable ellos no alcanzan los niveles definidos, no podrán recibir la subvención escolar. Hay, pues, una presión para que todos los planteles se orienten efectivamente a mejorar los aprendizajes de sus estudiantes.
Esta legislación implica un bienvenido cambio de enfoque en educación, propiciando un Estado más orientado al control de desempeños y que entregue a las escuelas y sus equipos directivos y pedagógicos las decisiones sobre las estrategias más adecuadas para alcanzarlos.
Por cierto, esta reforma requiere de otras para aumentar sus posibilidades de éxito. Desde luego, es indispensable que los colegios tengan la suficiente flexibilidad para adaptarse a las exigencias a que se los someterá, y que el país, por medio de políticas adecuadas, se asegure de que los sostenedores puedan acceder a buenos directores, a docentes motivados y bien preparados, y a materiales educativos -incluidos los digitales- de calidad. En estos planos se necesitan reformas complementarias a las que se promulgaron esta semana.
No hay más tiempo
Un buen sistema escolar es clave para un crecimiento de largo plazo robusto, no sólo por los efectos directos que ejerce en la productividad de los trabajadores, sino también porque influye, entre otros, en las tecnologías que se pueden incorporar a los procesos productivos y en la innovación que se produce en el país. No es casual que ésta tenga lugar con más intensidad en países con buenos sistemas educativos.
Pero, más allá de esto, los próximos meses y años estarán marcados por la crisis que comenzó a vivirse en 2008. Diversos antecedentes sugieren que parece haberse tocado fondo y ahora comienza una fase de recuperación. Los ajustes observados en las bolsas mundiales en la semana que acaba de pasar hacen pensar que esa recuperación pudiere no ser rápida. Hay buenas razones para esperar esta trayectoria: los relativamente buenos augurios para las economías emergentes, en particular India y China, no son suficientes para tirar el carro del crecimiento mundial.
A este respecto, sigue siendo crucial el desempeño de Estados Unidos, pero los consumidores de este país aún están cautelosos: han visto reducido su nivel de riqueza en grado significativo; los niveles de desempleo siguen altos, y si bien ha mejorado el acceso al crédito, es inferior al de años anteriores; los salarios reales también han experimentado retrocesos. En estas condiciones, es difícil que ellos se conviertan en actores del proceso de recuperación. Como su importancia en la marcha económica es central, no se ve cómo podría EE.UU. comenzar a crecer rápido en el horizonte cercano.
Algo similar ocurre con Europa y Japón, los otros dos actores relevantes, donde el desempleo sigue al alza. Además, las coberturas de los seguros de cesantía comienzan a languidecer. También ahí, los consumidores son actores importantes en la velocidad de recuperación.
Todo lo anterior hace suponer que el volumen de intercambio comercial seguirá flojo y, por tanto, el impulso de la demanda externa para una economía como la nuestra seguirá siendo modesto. Así, las perspectivas son positivas, pero circunscritas. Chile no tiene más tiempo que perder para actuar resueltamente en su débil flanco educacional.
Por ejemplo, somos el país cuyos estudiantes secundarios tienen más horas de clases entre los países que han participado en la prueba PISA (sigla inglesa del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, de la OCDE). Eso es fruto de la jornada escolar completa, cuya implementación suma hasta ahora casi cinco mil millones de dólares, y que representa un gasto operacional adicional del orden de 700 millones de dólares. Hasta ahora, ninguna evidencia sugiere que esta inversión haya rendido frutos en el aprendizaje de nuestros estudiantes o en alguna otra dimensión educativa relevante.
Hay muchas razones para ello, pero una central es que los establecimientos educacionales chilenos no están estimulados o presionados a elevar sus desempeños. La posibilidad de elección de colegios que existe en el país ha incidido en esto, y nuestro buen desempeño relativo en el contexto latinoamericano en las pruebas PISA parece descansar, en parte, en esta herramienta. Pero esa política no es suficiente por diversas razones, entre las que destaca que en algunas zonas las posibilidades de elección no siempre son significativas. Parece razonable, pues, complementar esta iniciativa con exigencias más formales. La reciente promulgación de la Ley General de Educación (LGE) es un avance a este respecto. Entre otras muchas reformas, ella dispone la definición de estándares de aprendizaje de los estudiantes -elaborados por el ministerio y aprobados por el nuevo Consejo Nacional de Educación- que deberán ser satisfechos por todos los establecimientos de nuestro país.
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Además, la LGE crea una agencia (normada por otra ley específica, cuyo proyecto aún se discute en el Congreso) para velar por el cumplimiento de dichos estándares. Esta entidad también realizará visitas inspectivas a los establecimientos y emitirá un informe con recomendaciones que, si bien no son obligatorias, invitará a los colegios a estudiar las iniciativas más apropiadas para mejorar sus desempeños. Si tras un período razonable ellos no alcanzan los niveles definidos, no podrán recibir la subvención escolar. Hay, pues, una presión para que todos los planteles se orienten efectivamente a mejorar los aprendizajes de sus estudiantes.
Esta legislación implica un bienvenido cambio de enfoque en educación, propiciando un Estado más orientado al control de desempeños y que entregue a las escuelas y sus equipos directivos y pedagógicos las decisiones sobre las estrategias más adecuadas para alcanzarlos.
Por cierto, esta reforma requiere de otras para aumentar sus posibilidades de éxito. Desde luego, es indispensable que los colegios tengan la suficiente flexibilidad para adaptarse a las exigencias a que se los someterá, y que el país, por medio de políticas adecuadas, se asegure de que los sostenedores puedan acceder a buenos directores, a docentes motivados y bien preparados, y a materiales educativos -incluidos los digitales- de calidad. En estos planos se necesitan reformas complementarias a las que se promulgaron esta semana.
No hay más tiempo
Un buen sistema escolar es clave para un crecimiento de largo plazo robusto, no sólo por los efectos directos que ejerce en la productividad de los trabajadores, sino también porque influye, entre otros, en las tecnologías que se pueden incorporar a los procesos productivos y en la innovación que se produce en el país. No es casual que ésta tenga lugar con más intensidad en países con buenos sistemas educativos.
Pero, más allá de esto, los próximos meses y años estarán marcados por la crisis que comenzó a vivirse en 2008. Diversos antecedentes sugieren que parece haberse tocado fondo y ahora comienza una fase de recuperación. Los ajustes observados en las bolsas mundiales en la semana que acaba de pasar hacen pensar que esa recuperación pudiere no ser rápida. Hay buenas razones para esperar esta trayectoria: los relativamente buenos augurios para las economías emergentes, en particular India y China, no son suficientes para tirar el carro del crecimiento mundial.
A este respecto, sigue siendo crucial el desempeño de Estados Unidos, pero los consumidores de este país aún están cautelosos: han visto reducido su nivel de riqueza en grado significativo; los niveles de desempleo siguen altos, y si bien ha mejorado el acceso al crédito, es inferior al de años anteriores; los salarios reales también han experimentado retrocesos. En estas condiciones, es difícil que ellos se conviertan en actores del proceso de recuperación. Como su importancia en la marcha económica es central, no se ve cómo podría EE.UU. comenzar a crecer rápido en el horizonte cercano.
Algo similar ocurre con Europa y Japón, los otros dos actores relevantes, donde el desempleo sigue al alza. Además, las coberturas de los seguros de cesantía comienzan a languidecer. También ahí, los consumidores son actores importantes en la velocidad de recuperación.
Todo lo anterior hace suponer que el volumen de intercambio comercial seguirá flojo y, por tanto, el impulso de la demanda externa para una economía como la nuestra seguirá siendo modesto. Así, las perspectivas son positivas, pero circunscritas. Chile no tiene más tiempo que perder para actuar resueltamente en su débil flanco educacional.
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