Urge la Ley de Educación Pública La Nación 03/06/2009
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Urge la Ley de Educación Pública La Nación 03/06/2009
Lo que resulta un dato indiscutible es que la educación municipalizada ha profundizado en los últimos años la desigualdad en la calidad de la educación en el país.
El prolongado paro de los profesores para que se les pague un bono salarial que data desde 1995, ha dejado al descubierto las múltiples dificultades y desigualdades que genera la educación entregada a la administración de las municipalidades. Los gobiernos locales habían utilizado los recursos entregados por el Estado para el pago del bono en lo que cada uno de ellos consideró prioritario en el ámbito educacional. Al parecer, la mayor parte de los municipios no los entregó al fin que estaba previamente definido: el pago de tales bonificaciones a los maestros. El resultado concreto es que miles de niños y jóvenes de bajos recursos están sin clases, algunos -en la Región de Valparaíso- desde hace casi dos meses. Esta situación ahondará las diferencias con la educación particular pagada que ha sido majaderamente reiterada en cada prueba Simce. Mientras los menores de las familias de mayores recursos siguen su proceso de aprendizaje, aquellos de los colegios municipalizados no tienen más que matar el tiempo en alguna plaza o en la calle.
Las diferencias se vuelven a repetir si miramos lo que pasa con la calidad de la educación entre los propios municipios. Los pocos colegios públicos que obtienen buenos resultados son aquellos de las comunas con más recursos. Providencia, Ñuñoa y Santiago son los municipios que cuentan con escuelas o liceos bien ranqueados.
Probablemente, se trata de las municipalidades que tienen menos dificultades para pagar los bonos a sus profesores y que, por lo tanto, están en mejores condiciones de entregar una educación de calidad.
Lo que resulta un dato indiscutible es que la educación municipalizada ha profundizado la desigualdad en la calidad de la educación y, en última instancia, la inequidad en la distribución de ingresos. Es por eso que el conflicto sobre el pago de este bono ha dejado en evidencia que es urgente que se fortalezca la educación pública, tanto administrativa como pedagógicamente. La Ley General de Educación (LGE) ya aprobada en el Congreso, en sustitución de la LOCE heredada de la dictadura, no incluyó en su texto un reconocimiento de la preeminencia de la educación pública, pero planteó la urgencia de mejorar su calidad en todos los ámbitos. De aquella ley orgánica se ha desprendido una legislación complementaria sobre educación pública que debería tener máxima prioridad en el Parlamento.
El proyecto de Ley de Educación Pública propone que se creen corporaciones que puedan reunir a varios municipios para administrar los colegios. No representa un cambio radical, pero abre las puertas a la posibilidad de que los municipios más débiles puedan unirse por provincias o regiones para tener una administración más eficiente y una mejor dotación y administración de recursos. Es probable que en esta discusión se incorporen nuevas ideas, que apunten a una atención preferencial por colegios que atienden a menores de más bajos ingresos. Los legisladores tienen en este sentido la palabra si es que efectivamente se quiere dar un salto cualitativo en esta palanca de igualdad insustituible que es la educación de calidad.
Lo que resulta un dato indiscutible es que la educación municipalizada ha profundizado en los últimos años la desigualdad en la calidad de la educación en el país.
El prolongado paro de los profesores para que se les pague un bono salarial que data desde 1995, ha dejado al descubierto las múltiples dificultades y desigualdades que genera la educación entregada a la administración de las municipalidades. Los gobiernos locales habían utilizado los recursos entregados por el Estado para el pago del bono en lo que cada uno de ellos consideró prioritario en el ámbito educacional. Al parecer, la mayor parte de los municipios no los entregó al fin que estaba previamente definido: el pago de tales bonificaciones a los maestros. El resultado concreto es que miles de niños y jóvenes de bajos recursos están sin clases, algunos -en la Región de Valparaíso- desde hace casi dos meses. Esta situación ahondará las diferencias con la educación particular pagada que ha sido majaderamente reiterada en cada prueba Simce. Mientras los menores de las familias de mayores recursos siguen su proceso de aprendizaje, aquellos de los colegios municipalizados no tienen más que matar el tiempo en alguna plaza o en la calle.
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Urge la Ley de Educación Pública La Nación 03/06/2009
Lo que resulta un dato indiscutible es que la educación municipalizada ha profundizado en los últimos años la desigualdad en la calidad de la educación en el país.
El prolongado paro de los profesores para que se les pague un bono salarial que data desde 1995, ha dejado al descubierto las múltiples dificultades y desigualdades que genera la educación entregada a la administración de las municipalidades. Los gobiernos locales habían utilizado los recursos entregados por el Estado para el pago del bono en lo que cada uno de ellos consideró prioritario en el ámbito educacional. Al parecer, la mayor parte de los municipios no los entregó al fin que estaba previamente definido: el pago de tales bonificaciones a los maestros. El resultado concreto es que miles de niños y jóvenes de bajos recursos están sin clases, algunos -en la Región de Valparaíso- desde hace casi dos meses. Esta situación ahondará las diferencias con la educación particular pagada que ha sido majaderamente reiterada en cada prueba Simce. Mientras los menores de las familias de mayores recursos siguen su proceso de aprendizaje, aquellos de los colegios municipalizados no tienen más que matar el tiempo en alguna plaza o en la calle.
Las diferencias se vuelven a repetir si miramos lo que pasa con la calidad de la educación entre los propios municipios. Los pocos colegios públicos que obtienen buenos resultados son aquellos de las comunas con más recursos. Providencia, Ñuñoa y Santiago son los municipios que cuentan con escuelas o liceos bien ranqueados.
Probablemente, se trata de las municipalidades que tienen menos dificultades para pagar los bonos a sus profesores y que, por lo tanto, están en mejores condiciones de entregar una educación de calidad.
Lo que resulta un dato indiscutible es que la educación municipalizada ha profundizado la desigualdad en la calidad de la educación y, en última instancia, la inequidad en la distribución de ingresos. Es por eso que el conflicto sobre el pago de este bono ha dejado en evidencia que es urgente que se fortalezca la educación pública, tanto administrativa como pedagógicamente. La Ley General de Educación (LGE) ya aprobada en el Congreso, en sustitución de la LOCE heredada de la dictadura, no incluyó en su texto un reconocimiento de la preeminencia de la educación pública, pero planteó la urgencia de mejorar su calidad en todos los ámbitos. De aquella ley orgánica se ha desprendido una legislación complementaria sobre educación pública que debería tener máxima prioridad en el Parlamento.
El proyecto de Ley de Educación Pública propone que se creen corporaciones que puedan reunir a varios municipios para administrar los colegios. No representa un cambio radical, pero abre las puertas a la posibilidad de que los municipios más débiles puedan unirse por provincias o regiones para tener una administración más eficiente y una mejor dotación y administración de recursos. Es probable que en esta discusión se incorporen nuevas ideas, que apunten a una atención preferencial por colegios que atienden a menores de más bajos ingresos. Los legisladores tienen en este sentido la palabra si es que efectivamente se quiere dar un salto cualitativo en esta palanca de igualdad insustituible que es la educación de calidad.
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