Un asunto político singularmente crítico para el gobierno es la legitimidad de las aspiraciones y del descontento de los estudiantes secundarios. ¿Quién en similares condiciones - en una sociedad moderna - no lucharía por una mejor educación?
Los secundarios dan cuenta actualmente de un doble desafío: además de representar sus demandas deben cuidar que su movilización se mantenga en los marcos de una noviolencia activa - dado también la propensión del gobierno a judicializar el conflicto en el marco de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Una decisión política de la autoridad que puede significar elevados costos para la imagen de la Concertación.
Las demandas específicas de los secundarios - derogar la LOCE, que el Estado se haga cargo de los establecimientos, la gratuidad del transporte público para estudiantes y de las pruebas de ingreso a la universidad PSU - no debiera sorprender a una autoridad política que no obstante dice no entender las razones de la movilización. Un problema de percepción que adquiere sentido si se piensa que uno de los factores subyacentes y generadores de esta nueva protesta es, evidentemente, la propia respuesta política del gobierno a la magnitud de la extraordinaria movilización estudiantil del año pasado. Respondió con un alargamiento de los plazos, con un proyecto de ley marco y por tanto poco específico que recién ahora pasa a trámite legislativo - respondió, en resumen, - pero de forma lenta y ambigua. Al año no se observa de forma políticamente nítida logros substanciales materializados, ya realizados o en régimen. Sorprende - evidentemente - que los secundarios no se hayan dejado impresionar por el presupuesto adicional para le educación de más de US$ 650 millones anunciado por la presidenta Michelle Bachelet. Ni tampoco por el hecho de ver el proyecto de ley de Educación General entrara a trámite legislativo. La política de pequeños pasos no los ha impresionado. La actual postura negativa del gobierno no ayuda a la razón dialógica. No sólo los jóvenes deben reflexionar acerca de su movilización, también las autoridades.
Los secundarios dan cuenta actualmente de un doble desafío: además de representar sus demandas deben cuidar que su movilización se mantenga en los marcos de una noviolencia activa - dado también la propensión del gobierno a judicializar el conflicto en el marco de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Una decisión política de la autoridad que puede significar elevados costos para la imagen de la Concertación.
Las demandas específicas de los secundarios - derogar la LOCE, que el Estado se haga cargo de los establecimientos, la gratuidad del transporte público para estudiantes y de las pruebas de ingreso a la universidad PSU - no debiera sorprender a una autoridad política que no obstante dice no entender las razones de la movilización. Un problema de percepción que adquiere sentido si se piensa que uno de los factores subyacentes y generadores de esta nueva protesta es, evidentemente, la propia respuesta política del gobierno a la magnitud de la extraordinaria movilización estudiantil del año pasado. Respondió con un alargamiento de los plazos, con un proyecto de ley marco y por tanto poco específico que recién ahora pasa a trámite legislativo - respondió, en resumen, - pero de forma lenta y ambigua. Al año no se observa de forma políticamente nítida logros substanciales materializados, ya realizados o en régimen. Sorprende - evidentemente - que los secundarios no se hayan dejado impresionar por el presupuesto adicional para le educación de más de US$ 650 millones anunciado por la presidenta Michelle Bachelet. Ni tampoco por el hecho de ver el proyecto de ley de Educación General entrara a trámite legislativo. La política de pequeños pasos no los ha impresionado. La actual postura negativa del gobierno no ayuda a la razón dialógica. No sólo los jóvenes deben reflexionar acerca de su movilización, también las autoridades.
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